El informe, presentado en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, destaca que la Diputación “debe impulsar las actuaciones necesarias que permitan garantizar el respeto del principio de legalidad”, especialmente en los siguientes ámbitos: aprobación y contenido de la relación de puestos de trabajo, oferta de empleo público, plantillas y anexos y registros de personal; canalización de subvenciones a través de convenios y planificación estratégica; cumplimiento de las obligaciones de transparencia, mediante la comunicación a las correspondientes instancias de la información relativa a subvenciones, contratos, convenios y costes efectivos; coordinación de servicios obligatorios, cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios: y cumplimiento del plazo legal de rendición de cuentas.

También insta a la Diputación a “priorizar el ejercicio de las competencias sobre cooperación jurídica, económica y técnica” con los municipios “en cuanto instrumento necesarios para alcanzar uno de los fines principales a los que, por imperativo legal, debe orientar su actuación la provincia, en cuanto agrupación de municipios, asegurando la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal bajo los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales”.

Y a la vez, insta a “adaptar su funcionamiento y dimensionamiento a los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico derivados de las modificaciones legales sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”.

Asimismo, “debe mejorar la regulación” del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y otros planes o instrumentos específicos de asistencia y cooperación para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales en la que se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica, tal como advirtió el pasado mes de agostó. 

En lo referido a la Comunidad autónoma, “se deberían dictar las medidas dirigidas a asegurar la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 36.2.a) y 59 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

El informe conocido ahora llega después del rifirrafe de hace unos meses entre el órgano dedicado a analizar las cuentas de las instituciones de la Comunidad y la Diputación, cuando el Consejo de Cuentas criticó a la institución provincial por su atención a los pequeños municipios, además de alertar del “déficit estructural” en la gestión de personal, y no haber comunicado contratos por más de 20 millones de euros.

Cuestiones ante las que el presidente de la Diputación, Carlos García, aseguró que no tenía que hacer caso al consejo, acusándolo de trabajar desde los despachos y retándolo a denunciar alguna petición de ayuntamientos no atendida.