Y es que después de que el órgano dedicado a analizar las cuentas de las instituciones de la Comunidad reprochase a la institución provincial su atención a los pequeños municipios, advirtiera de un “déficit estructural” en la gestión de personal, y que no había comunicado contratos por más de 20 millones de euros, el presidente de la Diputación, Carlos García afirmó que no tenía que hacer caso al consejo, al que acusó de trabajar desde los despachos y le retó a decir que si había alguna petición de los ayuntamientos que no era atendida.

Después de la respuesta de García, el Consejo de Cuentas ha salido al paso para aclarar su trabajo de fiscalización sobre el análisis del nivel de prestación y asistencia de las diputaciones a los pequeños municipios, en el ánimo de aclarar determinadas dudas que hayan podido surgir a raíz de las declaraciones del presidente de la institución provincial abulense.

El Consejo de Cuentas, órgano dependiente de las Cortes de Castilla y León, ha apelado al “respeto del ámbito competencial de las instituciones y del trabajo de sus funcionarios, con el fin último de mejorar la gestión de las Administraciones públicas en beneficio de todos los castellanos y leoneses”.

Auditoría

Por un lado, recuerda que la labor realizada es “una fiscalización de tipo operativo programada para las nueve diputaciones de la Comunidad y el Consejo Comarcal del Bierzo”, con el objetivo de “analizar si dicha asistencia está alineada con lo que establece la normativa de régimen local”.

Y apunta que “como el propio informe refleja, para la consecución de los objetivos planteados, los procedimientos aplicados por un equipo de auditoría integrado por seis funcionarios públicos han incluido las comprobaciones necesarias para fundamentar los resultados de la fiscalización”.

Según detallan, los procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, “fundamentalmente” a través de la información oficial obtenida de la propia diputación objeto de análisis, “sin perjuicio de la información que se ha considerado oportuno recabar de otras Administraciones con competencias en la materia y la obtenida de la Plataforma de Rendición de Cuentas y restantes antecedentes obrantes en el Consejo de Cuentas”.

“Como en todas las fiscalizaciones que realiza el Consejo de Cuentas”, el procedimiento se corresponde con “técnicas de auditoría acordes con metodologías homologadas internacionalmente en informes que aportan, como consecuencia del resultado de los trabajos realizados, recomendaciones para la mejora de la gestión de las Administraciones públicas”.

Plazo de alegaciones

Y con carácter previo a la aprobación definitiva de los informes, el Consejo de Cuentas “habilita un plazo para que los entes auditados puedan realizar alegaciones, como procedimiento contradictorio que añade un plus de garantía al rigor del resultado de los trabajos”. En el caso del informe sobre la Diputación de Ávila, cuyo contenido íntegro puede consultarse en la página web del Consejo de Cuentas, el ente fiscalizador realizó una única alegación, que fue estimada.

La institución añade que “en la elaboración del informe no existieron limitaciones”, habiendo prestado la Diputación de Ávila “una adecuada colaboración, a pesar de que rindió la cuenta general del ejercicio 2022 el 13 de marzo de 2024, es decir, con posterioridad al plazo legal (31 de octubre de 2023)”, con un retraso de más de cuatro meses.

El informe fiscalizador del Consejo de Cuentas que ha visto la luz esta semana aparece dos meses después de otro documento, de carácter anual y de la misma institución, en el que advertía de “incumplimientos muy significativos” de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de la Diputación de Ávila por dos contratos que adjudicados en 2021 por importe total de 5,8 millones.