En este sentido, el órgano autonómico de control externo aconseja a la institución provincial que mejore la regulación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y otros planes o instrumentos específicos de asistencia y cooperación para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales. Este toque de atención es el segundo en el plazo de dos meses, puesto a primeros de junio el  informe de fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León advirtió de “incumplimientos muy significativos” de la Ley de Contratos del Sector Público por parte de la institución que preside Carlos García.

El Consejo de Cuentas, igualmente, recomienda a la institución provincial que en la regulación del plan provincial de cooperación se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica al objeto de conocer, por ejemplo, los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su demarcación territorial, un análisis previsto en la normativa aplicable.

Se trata de una de las cinco recomendaciones -4 dirigidas a la Diputación y una a la Comunidad- recogidas en el informe que analiza el nivel de prestación y asistencia de la diputación abulense a los pequeños municipios, en los ejercicios 2019-2022, uno de los trabajos recientes del Consejo, entregado a las Cortes. 

Coordinación de los servicios municipales

Sobre la coordinación de servicios municipales obligatorios, el trabajo señala que la Diputación no ha realizado el análisis de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios en la forma y con el alcance previstos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Tampoco lleva un control sobre la forma de prestación y coste efectivo de los servicios municipales.

La institución provincial concedió en la etapa 2019-2022 un total de 23,6 millones en subvenciones a los municipios dentro del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS). Su financiación corrió a cargo de la institución con una media del 82% y con las aportaciones municipales (18%).

Los ayuntamientos más pequeños recibieron mayor ayuda, en relación con su población, que los más grandes, circunstancia coherente con la finalidad de los planes provinciales, si bien los objetivos y los criterios de distribución deberían acreditarse en una memoria justificativa.

En la etapa analizada no consta la aprobación de un plan estratégico de subvenciones. Tampoco una normativa específica reguladora para el Plan de Obras y Servicios, concretándose dicha regulación en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada en 2016. La diputación aprobó 7 planes provinciales y el importe anual de dichas ayudas se elevaría en el periodo a 17,8 millones, correspondiendo las mayores cuantías al Plan de Empleo Local y a las subvenciones para gastos generales.

No ejerce competencias

En cuanto a la prestación de servicios en los municipios, la Diputación no ejerce las competencias de asistencia en los planes económico-financieros de las entidades locales, ni las de contratación centralizada en los municipios menores de 20.000 habitantes y tampoco desarrolla funciones respecto a la gestión informatizada de los padrones de habitantes de los municipios.

Las obligaciones reconocidas en el periodo por la prestación de servicios y el desarrollo de actividades a cargo de la diputación en sus municipios, que incluyen los gastos presupuestarios de carácter directo (personal, suministros, contratación externa…), se elevó a 43,3 millones, lo que representa una media del 9% del presupuesto consolidado, y del 100% del presupuesto de los dos consorcios adscritos. Dentro de dicho importe no figuran incluidas las ayudas del POS.

En esta línea, las prestaciones que más recursos absorbieron fueron el servicio de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes (52%), la gestión de la recaudación tributaria (28%) y la prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes (11%).

En relación con las competencias atribuidas por la normativa sectorial, la diputación atiende materias de 7 bloques funcionales, que totalizaban 9,8 millones en 2022. Las relativas a acción social y servicios sociales, las que más recursos absorbieron (91%), concentrándose sobre todo en el servicio de ayuda a domicilio.

El 38% de los municipios no llega a 100 habitantes

Sobre el sector público de Ávila, está integrado, junto a la diputación, por 248 ayuntamientos, 30 mancomunidades y DOS entidades locales menores. Casi el 80% de los municipios no alcanzan la densidad de población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, umbral de riesgo demográfico definido por la UE. La capital y los 4 municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes concentran el 52% de los residentes en la provincia. 95 municipios (38%) no llegan a 100 habitantes.

La diputación tiene cinco entes dependientes y uno desconcentrado: Organismo Autónomo de Recaudación; Organismo Autónomo Fundación Cultural Santa Teresa; Consorcio Zona Norte de Ávila; Consorcio Entes Locales del Valle del Tiétar; la sociedad mercantil Naturávila; y la Institución Gran Duque de Alba.

El Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios no figura adscrito a ninguna de estas áreas; durante 2022 solo dispuso de un secretario-interventor.

El informe anota también que la diputación y sus entes dependientes y adscritos acuden a la contratación externa de una parte significativa de los servicios que prestan, caso de la ayuda a domicilio, la gestión tributaria y recaudación, así como los centros de gestión de residuos de los dos consorcios. El contrato de mayor cuantía adjudicado en los últimos ejercicios fue el de ayuda a domicilio (16,8 millones), en 2022. Su prestación es cofinanciada por la Junta.

El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) asume por delegación el servicio de 243 ayuntamientos; 11 mancomunidades/consorcios y cinco comunidades de regantes. El total de recursos recaudados por el OAR se situó en el periodo analizado en torno a 52 millones.