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Sede de Cruz Roja en Ávila. El abogado Miguel Ángel Gómez Perlado trabajó durante más de tres años para Cruz Roja en Ávila, y desde su despido en septiembre de 2024, ha mantenido un litigio con la organización mientras impulsaba diversas acciones para denunciar públicamente su situación judicial.
La historia se remonta al 1 de junio de 2024, cuando el abogado denunció ante la Inspección de Trabajo de Ávila las condiciones en las que llevaba 21 meses trabajando para Cruz Roja. Según expuso, la entidad lo tenía contratado como falso autónomo, pese a que desarrollaba su actividad como un trabajador de la organización. A raíz de esa denuncia, la inspección abrió una investigación, solicitó documentación a Cruz Roja, acudió a sus instalaciones y entrevistó a varios compañeros del letrado para conocer cómo se desarrollaba su trabajo.
Poco más de tres meses después, el 6 de septiembre de 2024, Cruz Roja comunicó al abogado su despido. La organización justificó la decisión alegando distintos incumplimientos profesionales, entre ellos problemas relacionados con la gestión del voluntariado, retrasos y faltas de asistencia. Sin embargo, el trabajador sostuvo desde el primer momento que esos argumentos eran una excusa y que el verdadero motivo de su salida era haber reclamado sus derechos laborales y denunciado su situación ante la Inspección de Trabajo.
La investigación de la Inspección terminó el 13 de diciembre de 2024 con un acta sancionadora contra Cruz Roja. El organismo concluyó que la entidad no había dado de alta ni cotizado por el abogado durante los 21 meses en los que había trabajado para ella. Como consecuencia, ordenó su alta de oficio en la Seguridad Social, el abono de 25.603,56 euros en cuotas pendientes y el pago de una multa de 3.126 euros por una infracción grave.
Esta conclusión no quedó únicamente en manos de la Inspección de Trabajo. La Tesorería General de la Seguridad Social ratificó el acta y, posteriormente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ávila confirmó la decisión mediante una sentencia del 14 de noviembre de 2025. El fallo confirmó definitivamente tanto la reclamación de los 25.603,56 euros en cotizaciones como la sanción impuesta a Cruz Roja por no haber dado de alta al trabajador.
Mientras tanto, el abogado había iniciado su propia batalla judicial contra el despido y llevó el asunto al Juzgado de lo Social número 1 de Ávila, que el 16 de julio de 2026 declaró improcedente su salida de la organización. La jueza entendió que Cruz Roja no había demostrado suficientemente los incumplimientos profesionales por los que lo habían despedido. Sin embargo, no llegó a considerar probado que se tratara de una represalia por sus reclamaciones laborales. Por ese motivo, el juzgado dejó a Cruz Roja la posibilidad de elegir entre readmitir al abogado o indemnizarlo.
Diferencias entre despido improcedente o nulo
Ante ese fallo, el trabajador ha decidido recurrir la sentencia que determinaba improcedente el despido ante el TSJ. Y es que la clave de esa resolución está en la diferencia entre un despido improcedente y uno nulo. En el primer caso, la empresa puede optar generalmente entre readmitir o indemnizar. En el segundo, como ocurre ahora con la resolución del TSJ, la readmisión es obligatoria porque el tribunal ha considerado que se produjo una vulneración del derecho de indemnidad. Es decir, que el trabajador sufrió consecuencias laborales negativas por haber ejercido su derecho a denunciar y reclamar frente a su empleador.
Y es precisamente en este punto donde cambia el desenlace: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón al abogado y considera que Cruz Roja vulneró sus derechos fundamentales al despedirlo como consecuencia de haber reclamado sus derechos laborales.
Con esta nueva sentencia, Cruz Roja queda obligada a readmitir a Gómez Perlado en su antiguo puesto de letrado y abonarle los salarios que había dejado de percibir, así como una indemnización de 31.000 euros por los daños morales derivados de la vulneración de sus derechos fundamentales. La sentencia todavía no es firme y puede ser recurrida por Cruz Roja ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación.
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