Este sindicato señala que ya han pasado cuatro años sin este instrumento municipal y que, una vez realizadas numerosas intervenciones exigiendo la negociación del mismo, CCOO se vio en la obligación el pasado mes de noviembre de denunciar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social esta "irregularidad" que supone el incumplimiento de la ley. 

En el mes de febrero el Ayuntamiento recibió un requerimiento por parte de la Inspección de Trabajo para que, en el plazo de tres meses, el Consistorio contara con un Plan de Igualdad, de manera que el 30 de septiembre de 2025 éste se encontrara debidamente registrado. 

Según apunta CCOO, fue entonces cuando el Ayuntamiento de la ciudad licitó la elaboración del II Plan de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, por un importe de 8.600 euros, "optando por la privatización, pese a contar con el personal y los recursos suficientes para la elaboración interna".

Posible expediente

El incumplimiento de dicho requerimiento podrá dar lugar al inicio de un expediente sancionador, pues en la última reunión mantenida por la comisión negociadora -9 de mayo-, todavía no se entró en materia de negociación colectiva al "no contar con el reglamento de funcionamiento interno de la comisión aprobado".

Ante esta situación, y una vez iniciado el mes de julio, la Sección Sindical de CCOO considera que "se ha incumplido el requerimiento realizado por la Inspección de Trabajo", lo que a su juicio supone que el Consistorio "una vez más, incumple la ley y deja a la plantilla municipal sin Plan de Igualdad".

 
Al respecto, este sindicato advierte de que la multa por no tener un Plan de Igualdad, en caso de ser obligatorio, como ocurre con el Ayuntamiento de Ávila, puede ascender hasta los 225.018 euros, según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS). 

"Una vez más, Por Ávila, malgasta el dinero de la ciudadanía abulense, primero para hacer negocio con la privatización del plan en lugar de optimizar los recursos propios del Consistorio, y después pagando multas por el incumplimiento de la normativa vigente, que podrían haberse evitado mejorando las condiciones laborales de la plantilla municipal", según el sindicato.