La jornada celebrada este viernes en la Audiencia Provincial de Ávila ha durado más de seis horas, debido a la declaración de la  acusada, así como la exposición de conclusiones de las siete partes implicadas en el caso: las acusaciones de los cuatro afectados, la fiscalía, el Banco Santander y la defensa. 

La acusada ha reconocido haberse apoderado del dinero de algunos de sus clientes, concretamente los que figuran en la lista que elaboró ella para colaborar con la entidad bancaria en el momento que estalló el caso en 2011 y que llevó al banco a compensar a 26 clientes con más de 300.000 euros en total. Aunque no ha reconocido las cantidades económicas solicitadas por los cuatro afectados que la han llevado a este juicio: “Si no están en la lista, no se lo he cogido. Así de simple”, ha asegurado durante la última jornada de la vista celebrada la Audiencia Provincial, donde también ha asegurado que a raíz del primer caso, los rumores avanzaron entre los vecinos de Pedro Bernardo la facilidad de Banesto en resarcir a los afectados: “vamos al banco que nos dan dinero” 

Y es que la mujer ha defendido que desde la oficina que gestionaba en Pedro Bernardo, como agente colaboradora de la entidad, solo podía consultar los saldos de las cuentas mediante un ordenador que daba error frecuentemente, actualizar las cartillas sin impresora, y ver los ingresos y cargos por valor de 3.000 euros con impresos hechos a mano, y con un encaje diario de 12.000 euros. Es decir, que el resto de operaciones debían realizarse en la oficina de Arenas de San Pedro, del propio banco, que era la encargada de supervisar la labor de esta trabajadora autónoma. 

Sin embargo, para la fiscalía se trata de un “ejemplo de manual de apropiación indebida”, pues tal como han declarado los testigos, la confianza depositada en la mujer los llevó a realizar operaciones sin documentos, ni cartillas y sin las medidas de seguridad que deberían haber supervisado desde la oficina de Arenas de San Pedro. Todo ello, favoreció que se cometiera lo que ocurrió finalmente, tal como ha defendido el ministerio público. 

Modus operandi

Todos los perjudicados que han declarado han puesto de manifiesto haber entregado efectivo a la colaboradora del banco sin anotación alguna, otros han constatado reintegros en sus cuentas sin autorización de estos dueños, así como transferencias realizadas, a pesar de que la acusada ha asegurado que ese tipo de operaciones no podían hacerse desde su oficina. Incluso su tío, quien ha negado haber sufrido la apropiación de 88.000 euros una vez, fue resarcido por el banco. 

Las declaraciones de los testigos durante las cuatro primeras jornadas del juicio, junto con la de la acusada, llevan a la fiscalía a no tener dudas “sobre la culpabilidad de la misma”, si bien considera que la cantidad apropiada es discutible, pero el destino de los fondos quedaron fuera del procedimiento. 

Precisamente, el haber tardado hasta 12 años en celebrarse este juicio, ha llevado a la fiscalía a reducir la pena, pues en sus palabras, un caso de estas características se podría haber resuelto en menos de seis años. Por estas dilaciones indebidas, la fiscalía ha rebajado la pena de cuatro años a 14 meses de prisión, junto con una multa de ocho euros diaria durante seis meses, es decir, 1.440 euros en total. 

Como responsabilidad civil, pide que se indemnice a una de las acusaciones con casi 13.000 euros menos de lo que pedía en un principio, mientras que no ha entrado a valorar si hubo o no apropiación indebida en el caso del que fuera novio de la mujer por el mero hecho de tener esa relación, si bien  ha mantenido los 34.155 euros para uno de los afectados y 23.000 euros para el cuarto afectado. 

Modificaciones de las acusaciones

Por su parte, la acusación del que fuera novio de la acusada ha pedido 1.000 euros menos de indemnización, alcanzando un total de unos 45.000 euros; junto a los seis años de cárcel por la apropiación indebida. 

Mientras, otro de los acusados ha rebajado la indemnización 75 euros, junto a una pena de prisión de seis años por apropiarse indebidamente de unos 62.000 euros, así como dos años de cárcel por falsificación de documentos. 

Un tercer acusado ha eliminado la petición de cumplir condena por delito de falsificación documental, por lo que la acusación pide dos años de cárcel por apropiarse indebidamente de unos 50.000 euros que también reclama, así como la petición de cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de estafa. El cuarto de los acusados reclama una indemnización de casi 58.000 euros. 

El juicio ha quedado visto para sentencia poco después de las 16 horas del viernes, en la quinta y última sesión de uno de los juicios más largos celebrados en la Audiencia de Ávila en los últimos años.