Por tanto, son unos 90 empleados prestando servicio a 534 usuarios, según los datos facilitados por el Consistorio tras la prorroga del contrato por 1,3 millones de euros y que, según los últimos datos facilitados en mayo, mantiene una lista de espera de 57 personas, mientras que otras 300 están pendientes de valoración y 39 se encuentran en lista de emergencia.

Y es que la previsión es que, por la lista de espera que está creciendo, el servicio puede empeorar, tal como denunciaron las trabajadoras antes del último pleno municipal, pues hay unas 70 trabajadoras con contratos eventuales, unas 70, que son las mayores afectadas, por lo que exigían un pliego digno y sujeto a las necesidades que tiene Ávila en estos momentos.

Después de que el Ayuntamiento de Ávila aprobara en el pleno de marzo crear una mesa de trabajo en la que estén representadas todas las partes para abordar la situación de este servicio, las trabajadoras reivindican su creación para tratar los asuntos que afectan tanto a las empleadas como a los usuarios. 

'Yo cuido a tus mayores'

Algunas empleadas con camisetas en las que podía leerse ‘Yo cuido a tus mayores’ han acudido en la mañana de este miércoles al Consistorio abulense para trasladar a los representantes públicos sus necesidades ante la celebración de la Comisión de Servicios Sociales, sin embargo, la reunión se adelantó a ayer, según ha detallado la presidenta del Comité de Empresa de Sanivida -empresa que presta el servicio-, María Eugenia Gil. 

A pesar de este imprevisto, han registrado un documento con sus cinco peticiones, como la creación de una mesa de trabajo y la puesta en valor de este “sector altamente feminizado y las condiciones de trabajo en las que desarrollan su labor”.

“En muchos domicilios hacemos limpieza, que es muy digno, pero también hacemos y estamos cualificadas para hacer otro tipo de atenciones y para cubrir sobre todo el bienestar de los usuarios y usuarias de Ávila”, ha reivindicado María Eugenia Gil. 

Además, denuncian el incremento “desproporcionado” del copago de los usuarios, defendiendo “un servicio público y gratuito”, que en la actualidad ha ascendido en algunos casos hasta los 100 euros por usuario, según  

“No sabemos bien si es del ayuntamiento o es de la Junta [de Castilla y León]”, ha manifestado una de las representantes sindicales, Inés Garcinuño, quien considera que se trata de “un incremento para las pensiones que hay en Ávila, demasiado elevado y sin dar explicaciones”. 

Intrusismo laboral

Las trabajadoras también reclaman a las administraciones “de manera especial, la Junta”, que “pongan freno al intrusismo laboral que genera la figura del Asistente Personal, que no está regulado actualmente y resulta ser una fórmula para precarizar un sector ya de por sí precarizado”, según Garcinuño. 

“Para la figura del SAD, nos pide unas acreditaciones que las hace la Junta de Castilla y León, mientras que para la de Asistente Personal todavía no hay ninguna acreditación y ni están reguladas sus actividades. Entonces, el Asistente Personal es el todo, mientras que nosotras estamos reguladas por las acreditaciones”, ha manifestado la presidenta del Comité de Empresa, María Eugenia Gil. 

Por todo ello, recuerdan que la Ley de Dependencia es “un derecho subjetivo y, como tal, debe de ser hacia los ciudadanos que lo solicitan por sus necesidades”, tal como ha señalado Garcinuño.