Así lo han dicho los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, que han criticado que cuando fueron a reunirse con el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, se encontraron con que se presentó allí Jesús Caro, senador y secretario provincial del PSOE, lo que ha sido censurado también por el presidente de la Diputación, Carlos García.

“Tristemente, la Subdelegación se lava las manos con las denuncias, de las que nos preocupan las que hay con cuestiones penales, porque las cuestiones económicas con dinero se arreglan, pero las cuestiones penales no”, ha lamentado el presidente de Asaja, Joaquín Antonio Pino, en la firma de un convenio para la gestión de los residuos plásticos.

“Nosotros habíamos hablado a petición de los asociados de las tres organizaciones, que nos pedían una reunión con el subdelegado, pero sorprendentemente, en la Subdelegación estaba también Jesús Caro”, ha relatado. “No sé si el Partido Socialista de Ávila quita o pone multas, no entiendo que estuviera en esa reunión, pero desde luego estuvo, y lo que allí se obtuvo fue una respuesta de que ellos no pueden hacer nada” a pesar de que la Subdelegación del Gobierno “tiene las competencias constitucionales, en este caso de ejercer las potestades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.

Se ha referido así a la protesta agraria de Adanero del 8 de marzo, que no había sido convocada por ninguna organización agraria, en la que “hubo una actuación desmesurada”, según Pino, que destaca que aquel día, “por lo que fuera, se mandó allí cargar contra los agricultores y ganaderos que únicamente estaban defendiendo el pan de sus familias”. Aquel día el grupo especializado Usecic de la Guardia Civil utilizó pelotas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes ante una  actitud violenta, lo que fue desmentido por los participantes en la  protesta.

El responsable de Asaja ha llamado a la Subdelegación a que “no se ponga de perfil, y que igual que estuvo ahí para dar leña y para dar palos a los agricultores y a los ganaderos, en este caso quite las cuestiones penales” a los participantes denunciados.

Utilización de la Administración

El presidente de la Diputación, Carlos García, ha criticado también al responsable del PSOE: “que el señor Caro se autoinvite a inauguraciones, lo sabíamos, pero que se utilicen las administraciones del Estado como las subdelegaciones del Gobierno como sede, en este caso, del Partido Socialista en la provincia de Ávila, es lamentable”.

“Una vez más -ha añadido- el comportamiento vergonzoso del Gobierno de España con la agricultura y la ganadería, y con el sector primario tan necesario para garantizar la alimentación de todos y cada uno de los españoles”. “No solamente el Gobierno de España se encargó de que se apaleara a los agricultores, no solamente se encarga a todos y cada uno de los días del año en criminalizarles, en etiquetarles como los principales culpables del cambio climatológico, sino que apenas unos días, están recibiendo las sanciones administrativas, de hasta 1.800 euros cada agricultor”, ha añadido.

“Y lo peor de todo, que en este caso se abran diligencias penales”, ha criticado García, ante un Gobierno “con una doble vara de medir” que, “cuando le interesa, amnistía a cachorros de ERC que tiran adoquines y que tiran baldosas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que queman vehículos, pero que como necesita siete apoyos para seguir de presidente del Gobierno, da todo por bueno”, ha dicho García, hablando también como presidente del PP.

Ha lamentado que el Gobierno “amnistíe a delincuentes y a políticos que han malversado y que criminalice, castigue y persiga a agricultores y ganaderos, que única y exclusivamente lo que están haciendo es reivindicar precios justos para dar viabilidad a sus explotaciones”. “Basta ya”, ha añadido.

Pino ha dicho no comprender la actuación policial en Adanero: “no entendemos la actuación del Gobierno de España, que en algunas manifestaciones se mande a los cuerpos y cuerpos de seguridad del Estado a permanecer quietos y tengan que recibir improperios, que se los escupa y tengan que estar parados”. Y que en Cataluña se “amnistíe a delincuentes que están prófugos y perseguidos por la justicia y, que, sin embargo, se mande a cargar con sanciones económicas desmesuradas y penales contra agricultores que están defendiendo lo suyo”.