Desde el Gobierno de España, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “se actuará con contundencia ante cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad física y la vida de las personas”, se ha anunciado, justificando la intervención policial en la A-6 en una protesta el viernes, que fue “una actuación muy grave”.

La Subdelegación del Gobierno en Ávila ha indicado que actitudes violentas, como las registradas el viernes en Adanero, “no tienen cabida en el derecho a la manifestación”, a la vez que manifiesta “el apoyo institucional y unánime a las legítimas reivindicaciones del campo que, con estas acciones violentas, se ven empañadas”.

Según se ha explicado, el viernes, pasadas las 16,30 horas, un grupo de 75 personas llevaron a cabo una concentración no comunicada “en nombre del campo” en la A-6, a la altura de Adanero, que “provocó el corte de una vía de alta capacidad en pleno episodio de alerta por nevadas e inicio de un fin de semana con el incremento del tráfico de vehículos que ello conlleva”.

Para la Subdelegación del Gobierno de Ávila, “es importante evitar cualquier situación que implique riesgo en las vías, máxime en las circunstancias descritas, y garantizar que estén libres para el tránsito de vehículos de emergencia ante posibles incidentes”, de ahí que el corte de la vía tuviera consideración de “actuación muy grave”.

Según se ha detallado, “la acción de protesta se tradujo en una retención de cuatro kilómetros”, lo que causó “un grave peligro de accidentes por alcance, poniendo en riesgo la vida de conductores, de los propios manifestantes y de los agentes de la Guardia Civil desplazados hasta el lugar”.

En este contexto, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se solicitó a los manifestantes disolver el corte de forma pacífica, tal y como ha venido ocurriendo en protestas registradas en la misma zona en las últimas semanas. 

Asalto de un camión
“Sin embargo”, según el relato de la Subdelegación, “no solo no hallaron colaboración por parte del grupo de personas allí concentrado, sino que se desobedecieron las órdenes de los agentes de la autoridad, que adoptaron una actitud desafiante y violenta hacia los miembros de la Guardia Civil, llegando a asaltar un camión de transporte que se encontraba en la retención, además de mantener diversos enfrentamientos con algunos conductores”.

Ante esta situación, los agentes de la Guardia Civil procedieron a “disolver el corte  haciendo frente a la resistencia de los manifestantes, que hicieron uso de barras y piedras para disuadir la acción policial”.

La Subdelegación señala que “tuvo que ser necesaria la intervención de 80 agentes de la Guardia Civil, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de los miembros de las unidades de Tráfico”, que efectuaron su trabajo con “la profesionalidad habitual, aplicando las técnicas y proporcionalidad propias de una situación de desalojo con resistencia violenta”.

Y se destaca que “afortunadamente solo se registraron heridos leves y no fue necesario desplazar equipos sanitarios a la zona”.

La Subdelegación del Gobierno ha manifestado su condena “a esta y cualquier otra acción de carácter violento que se lleve a cabo en la provincia de Ávila o en otro punto de la Comunidad en nombre del campo”, y consideran “inadmisible cualquier actuación que comprometa la seguridad ciudadana, máxime en una situación de alerta por nevadas e incremento de intensidad del tráfico en las vías como las ya referidas”.

Después de las críticas del PP y Asaja ante la actuación policial, desde la Subdelegación de considera “incomprensible e injustificable la defensa de este tipo de acciones ilegales y de tal gravedad” por parte de formaciones políticas o agrarias, “máxime cuando la Guardia Civil llevó a cabo una actuación necesaria para evitar un mal mayor”.