Una vez finalizado el pilotaje en 2021, se firmaron los planes de apoyo con las condiciones con las que se continuaba en el programa, hasta que, en mayo de 2023, Pronisa, la asociación que gestiona el programa, informó verbalmente que la Gerencia de Servicios Sociales iba a proceder a la actualización de la contribución a la financiación de los usuarios que permanecen en él, han recordado los familiares, que destacan que solo quedan tres usuarios en Ávila en la comarca de Pinares.

“La modificación suponía un aumento de más del 400% respecto a la aportación anterior y por una cuantía superior a su renta computable", de entre 1.300 y 1.600 eurosm "todo ello sin que se haya modificado la capacidad económica de las usuarias”, han indicado, sin que hayan logrado que se mantengan las condiciones establecidas a pesar de los escritos enviados a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Ávila, la Gerencia de Servicios Sociales, Consejería de Familia, y Presidencia de la Junta de Castilla y León. “Las condiciones firmadas en ese plan en nada se parecen a las que ahora, tres años más tarde, la Junta de Castilla y León de manera unilateral ha modificado”, aseguran.

Según los familiares, al iniciar el pilotaje se les indicó que la duración era hasta 2020, si bien en el contrato firmado en 2021 “no había fecha de finalización, considerando, por tanto, su vigencia durante el tiempo que las usuarias afectadas puedan permanecer en sus hogares”.

Respecto a la afirmación de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, hace dos meses en el pleno de las Cortes, de que revisaría los casos, han afirmado que no solo no han recibido ninguna información, sino que además no consiguen contactar con ningún responsable, ni con ella ni con Eduardo García Brea, director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia.

Situación insostenible

Los familiares advierten que “la situación se está haciendo insostenible” y que no pueden “continuar pagando la aportación que se exige”, puesto que no quieren “renunciar” a que sus madres “permanezcan en su domicilio disfrutando de los servicios que ofrece el programa y que tengan que abandonar el entorno en el que han pasado sus vidas y con la cercanía de familiares y amigos”.

“No consideramos que dejar abandonadas a tres mujeres de 90 años con el máximo nivel de dependencia sea una actuación ética ni moral propia de una institución como la Junta de Castilla y León, haciéndoles sufrir las consecuencias de los errores que la Consejería de Familia o la entidad gestora, Pronisa, han tenido en el desarrollo del programa”, lamentan en su queja por la situación por la que atraviesan.

“El estado de salud de las usuarias es crítico y es posible que cuando se busque una solución, ésta ya no sea necesaria”, han lamentado.