Es un proyecto piloto para personas mayores dependientes y con discapacidad del medio rural para ser atendidas en su propio domicilio, desarrollado entre 2018 y 2020 en Peguerinos, El Hoyo de Pinares, El Tiemblo, Navalperal de Pinares y Las Navas del Marqués.

En el servicio se incluyeron 100 usuarios de la zona que presentaban un elevado grado de dependencia y que, tras ser valorados por trabajadores sociales de Pronisa como entidad gestora del programa, indicó un plan de apoyo donde se detallaba las horas de asistente personal y el copago que debía asumir cada usuario.

Tras la finalización del pilotaje, en enero del 2021, la entidad gestora comunicó a las familias la continuación del proyecto, revisando el plan de apoyo provisional de cada usuario y el copago que debía realizar a partir de ese momento. 

De los 100 usuarios que iniciaron el programa en 2019, en agosto de este año solo quedaban cinco familias, a los que Pronisa informó de un cambio sustancial en las condiciones económicas firmadas, incrementándose la aportación de los usuarios, en algunos casos más de un 400%. Según las afectadas, el motivo fue una orden de la Gerencia de Servicios Sociales de la actualización de la contribución a la financiación que afectaba a los cinco usuarios que comenzaron en el pilotaje del programa. 

Tres familias

De las familias afectadas, tres mujeres son las más perjudicadas al solicitar la Junta que el abono sea superior al 30% de su renta computable, “sin incluir en esa renta ninguno de los gastos básicos ineludibles como comida, luz y calefacción”.

Por eso las familias afectadas denuncian un cambio unilateral en las condiciones firmadas y en unos términos económicos “inasumibles”, que “les deja en una situación de incapacidad para poder seguir cubriendo las necesidades de sus madres que se encuentran en una situación de elevada dependencia”.

Se trata de tres mujeres de más de  90 años “en una situación de absoluta vulnerabilidad, teniendo en cuenta el grado de dependencia de las personas afectadas y la dificultad para poder encontrar cuidadoras en un contexto rural que sufre las consecuencias de la despoblación”.

Los afectados han trasladado la situación a la Consejería de Familia y al Procurador del Común, pidiendo se replanteen la medida y se mantengan las condiciones firmadas “buscando poder seguir manteniendo a sus familiares en su hogar con una adecuada calidad de vida hasta el final, pareciendo irrisorio que la Junta no puede mantener las condiciones pactadas con tres usuarios en la Comunidad.