Tres familias se han quejado de que el pago mensual se ha elevado a entre 1.200 y 1.400 euros, una cifra a la que no pueden hacer frente, según ha subrayado en el pleno de las Cortes la procuradora socialista Soraya Blázquez, que ha interpelado a la consejera. Blázquez ha denunciado los “cambios significativos que han impactado negativamente en las familias que requieren de este servicio”, puesto que los afectados por los cambios señalan “un deterioro progresivo de la calidad del servicio y un incremento considerable del coste”. “Tanto es así que familias han denunciado que no se ha cumplido lo comprometido y que han llegado al punto de no poder asumir esa subida”, remarcó. 

La representante socialista expuso que ante el incremento de unas cuantías que han pasado de 450 euros mensuales a 1.500, muchas familias han recurrido al Procurador del Común para solicitar amparo ante una situación “a todas luce esperpéntica” que merece una explicación, pero, sobre todo, soluciones, porque estamos hablando de rentas que claramente no pueden sufragar este coste.

Ha exigido también que el aumento del coste ha coincidido con el cambio de nombre que ha pasado de ‘A gusto en mi casa’ a ‘A gusto en casa’, y ha pedido que la Junta se comprometa con la mejora del programa y “rectifique la situación”.

“Usted me habla de tres familias, pero son 2.186 familias las que hay acogidas”, y con las tres que han protestado “se ha hablado desde la consejería para explicarles las características del programa”, ha respondido la consejera.

“Es un programa que presta un servicio en igual de condiciones para todos en función de su grado de dependencia y en función de la capacidad económica de cada una de las unidades familiares”, ha asegurado la consejera, que ha prometido volver a revisar las cuantías.

Copago

“La continuidad y la calidad del proyecto está totalmente garantizado” desde que se puso en marcha en todas las provincias de la Comunidad a principios de este año después del proyecto piloto en Ávila. Ahora está implantado en 600 municipios con 2.000 usuarios con “un copago igual que en todos los servicios sociales de este país, en función de su capacidad económica y en función de su grado de independencia”. La Junta ha aportado en lo que va de año 2,7 millones de euros.

Según la consejera, “es un programa por el que van a seguir apostando porque ayuda a fijar población en el medio rural”, puesto que “permite que las personas mayores se puedan quedar en su domicilio, y que por cada 100 personas atendidas a través de las entidades que gestionan los programas y a través de los distintos profesionales, se crean más de 60 puestos de trabajo”.

“Lo que garantizo es que vamos a seguir implantando este programa, a seguir apostando por los servicios en el territorio y que, desde luego, podríamos llegar a más sitios y podríamos incrementar más las cuantías”, ha subrayado la consejera.

Y ha destacado que el presupuesto de para estos fines han aumentado en un 10%, en una cifra más alta de lo que aporta el Gobierno de España. “Si el Gobierno nos pagara los 262 millones que nos debe de la dependencia, le aseguro que podríamos hacer muchas más cosas por las familias de Castilla y León”, ha afirmado.