Tras el juicio, celebrado en marzo, también han sido condenados el dueño de la empresa adjudicataria de las obras, la administradora de la subcontrata, que es hermana del exregidor (como "cooperadora necesaria"), y el arquitecto que examinaba la realización de dicha obra.

El responsable de la empresa adjudicataria ha sido considerado como un “cooperador necesario de un delito continuado de fraude”, según la sentencia. Y, por lo tanto, ha sido condenado a una pena de prisión de cuatro años e inhabilitación por un tiempo de ocho años, al igual que la dueña de la compañía subcontratada, que es absuelta del delito de falsedad, pero no de fraude y malversación. Por otro lado, el arquitecto ha sido sancionado a dos años de cárcel e inhabilitación absoluta por cuatro años.

En todos los casos han concurrido las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas, tal y como refleja la sentencia. Además, deberán pagar su parte de las costas procesales, y en concepto de responsabilidad civil, los condenados deberán indemnizar conjuntamente al Ayuntamiento de Peguerinos por “los prejuicios ocasionados y con destino a la urbanización de las Damas II y III” en la suma de 652.825, 34 euros. De dichas cantidades “responderían solidariamente” las mercantiles Antonio Morato e Hijos S.L y Desarrollos y Montajes LAE, es decir la empresa adjudicataria y la subcontrata.

Indemnización

La cantidad económica de 652.000 euros corresponde a la diferencia entre los certificados por 1.685.781,5 euros y 1.032.956,2 euros, que supone la cifra de la obra realizada, según la tasación efectuada por el técnico de la Diputación.

El caso se inició a raíz de la denuncia presentada por parte del Consistorio, a través de la actual alcaldesa del municipio, Asunción Martín, quien acudió en calidad de testigo al juicio, junto a otros miembros del Ayuntamiento, peritos y vecinos de Peguerinos. El que fuera alcalde tuvo que dejar el cargo tras ser condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Las penas han sido en gran medida las solicitadas por el Ministerio Fiscal, que en la vista oral expresó que el exalcalde acordó con el propietario de la empresa Antonio Morato e Hijos SL para adjudicar directamente las obras de urbanización de los planes Las Damas I y II por casi 2,5 millones de euros. Y detalló que esta empresa subcontrató con otra, Desarrollo y Montajes LAE SL, cuya propiedad era de la hermana del regidor, a pesar de que el contrato con el Ayuntamiento indicaba que no se podía subcontratar más de la mitad de los trabajos, a no que hubiera una autorización que no se aprobó. La fiscalía destacó que existió un "plan preconcebido para obtener beneficio económico". 

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila cabe recurso ante el Tribunal Supremo.