Tras la tercera sesión, el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Ávila ha quedado visto para sentencia la vista oral por la adjudicación y realización de las obras de la urbanización de Las Damas II y III, en Peguerinos,  ha contado con los testimonios de seis testigos entre los que se encontraban miembros de la, por entonces, corporación municipal y la secretaria del Ayuntamiento, además de tres peritos (judicial, Administración Pública y otro aportado por la defensa).

En las conclusiones, el Ministerio Fiscal ha afirmado que las actuaciones realizadas por los acusados iban “encaminadas a conseguir burlar el concurso público de adjudicación de las obras”, de tal manera que “las ejecutará la empresa prevista” y ésta a su vez “subcontratará la empresa del hermano del exalcalde”.

Presupuesto inicial inadmisible

“Lo que se deslumbra desde un primer momento es la intención de eludir el concurso para llegar a la adjudicación directa”, ha señalado el fiscal. Este objetivo se habría conseguido “sacando a licitación a un precio tan bajo que sea absolutamente imposible acercarse al mismo y que por consiguiente quedará desierto”. Y así, lo han respaldado varios testigos y peritos que calificaban de “inadmisible” la cifra de 875.000 euros.

“Nadie justifica desde un punto de vista técnico un precio tan irrisorio para un concurso de adjudicación de obras de urbanización”, asegura el Fiscal. El Ayuntamiento de Peguerinos recibió una oferta que fue rechazada por el propio alcalde por ser “alejada al presupuesto inicial”. Sin embargo, tras la adjudicación directa de las obras a Morato e Hijos SL, la cantidad del presupuesto ascendió a 2,5 millones de euros. “Lo que hace unos meses era excesivo y absolutamente inaceptable se convierte en completamente adecuado”, ha señalado desde el ministerio fiscal.

Además, el fiscal ve indicios de delito al no exigir la garantía del 4% del contrato al administrador de la obra, ni la notificación de la subcontrata y, sobre todo, al no someter a ningún tipo de inspección municipal dicho procedimiento. “La excusa -ha dicho- que nos dan los acusados es que esa supervisión ya la realizaba el arquitecto de la obra. Resulta que este arquitecto es un profesional particular, que trabaja con una consultora (…), no tiene ningún tipo de vinculación con el Ayuntamiento y este es el encargado de velar por las obras, pero lo que hace es que esta persona se controle a sí misma”.

Subcontrata total y clandestina

Para el fiscal, la finalidad última era que esas obras las realizará la empresa de la hermana del alcalde, a través de una subcontrata que califica de “total y clandestina”. Clandestina “porque no se notifica de manera oficial en el Ayuntamiento, en ningún momento” y total al no ser una “subcontrata al uso”, pues “Morato e Hijos SL no mueve ni una sola piedra” y “lo realiza todo la hermana del alcalde y nos basamos en testimonios testificales que han llegado a decir: que estaba la maquinaria del regidor haciendo la obra”.

Asimismo, existe una prueba documental, pues el Consistorio paga a Morato e Hijos SL 1.685.000 euros, y esta empresa paga a Desarrollos y Montajes LAE 1.653.000 euros. “Ha pagado prácticamente el 99% de las obras. No es que haya subcontratado una parte, sino que han sido exclusivamente ejecutadas por la compañía de la hermana del regidor”, señala el fiscal.

El Ministerio Fiscal interpreta en sus conclusiones que “lo que se estaba buscando era un lucro”. “Una vez que el Ayuntamiento ha recibido los fondos aportados por los parcelistas para la ejecución de las obras, el acuerdo entre los acusados es apoderarse de esos fondos con unas certificaciones falsas como sustento de pago, y son falsas porque recogen una ejecución de obra que no se ha llevado a cabo”, señala.

Las defensas piden la absolución

Por su parte, la acusación particular volvió a reiterar que se trataba de una trama “orquestada” por los acusados. Mientras, las defensas han señalado que no existe ninguna prueba que acredite la falsedad, la prevaricación o el fraude y piden la sentencia absolutoria, pues consideran que las deficiencias e irregularidades constatadas durante el juicio tienen que ver con una “mala praxis” y no con “lo penal” y menos con “penas tan desmesuradas”.

Además, criticaron la demora en el proceso judicial: “diez años de procedimiento desde que se presentó la denuncia hasta el día de hoy (…) El testigo más lejano estaba a 20 kilómetros del juzgado de Ávila. Es insostenible”.

Urbanización en estado semirruinoso

Durante la declaración de los tres peritos que dieron testimonio durante la última sesión del juicio, se manifestó que el presupuesto inicial “era irrealizable” y que “el estado de la urbanización era semirruinoso”, además, “lo ejecutado no correspondía con lo certificado”.

El perito judicial ha llegado a asegurar que, en su informe, realizado unos tres años después de la paralización de las obras, registró materiales de diferente calidad entre lo ejecutado y lo proyectado: “la realidad era otra cosa”. Por su parte, el perito contratado por la defensa ha manifestado que los precios del contrato se ajustaban al mercado y ha impugnado la “paralización de las obras".

Un tercer perito, en nombre de la Administración Pública, elaboró un informe tras la paralización de las obras como técnico de la Diputación y ha dejado clara su opinión en el juicio por la urbanización no llegó a completarse: "la ejecución de la urbanización era de lo peor que he visto en mi carrera profesional".