La antigua estación de autobuses: 12 años de abandono con ideas sin proyectos

La antigua estación de autobuses de Ávila lleva más de 12 años cerrada y todavía no tiene un proyecto definitivo. El edificio que durante casi cuatro décadas recibió a los viajeros en la avenida de Madrid continúa esperando una transformación después de una sucesión de ideas que no llegaron a materializarse, una larga controversia sobre su propiedad, un expediente de ruina, años de deterioro y varios cambios de criterio político. 

La última vía abierta es la de crear un aparcamiento, un proyecto que Sánchez Cabrera espera dejar “lanzado” antes de finalizar el mandato para revitalizar la avenida de Portugal, la plaza de Santa Ana y el paseo de la estación. Pero no tiene que ver con la enmienda del PSOE incorporada al presupuesto municipal de 2026 para explorar una colaboración público-privada y reservar espacios para asociaciones, jóvenes u otros usos sociales. No hay un proyecto de ejecución aprobado después de que durante más de una década haya habido propuestas, anuncios y consignaciones presupuestarias, de las que muy pocas han superado la fase política o administrativa.

Último bus
La historia comienza antes del cierre. En abril de 2013, cuando la antigua terminal todavía funcionaba, el pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad solicitar a la Junta de Castilla y León la propiedad de la parcela y las instalaciones. La iniciativa, planteada por UPyD, ya apuntaba a posibles usos futuros e incluso mencionaba la posibilidad de habilitar aparcamiento en la parte inferior.

El último autobús abandonó la vieja estación a las 23,30 horas del 17 de marzo de 2014 con destino a Madrid. A la mañana siguiente comenzó a funcionar la nueva infraestructura en la avenida Juan Carlos I, construida con una inversión de unos 5,1 millones de euros y preparada para atender alrededor de medio millón de pasajeros al año. La antigua terminal cerró después de 39 años de servicio.

El edificio, levantado a comienzos de los años setenta, suma 5.682 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas entre la avenida de Madrid y la calle San Pedro Bautista, junto al pabellón de San Antonio. 

De la reutilización al derribo
Durante los primeros años tras el cierre no cristalizó una alternativa. La primera idea fue del alcalde en 2014, Miguel Ángel García Nieto, que habló de unificar los servicios municipales en el edificio. Los presupuestos de la Junta de 2017 incorporaron, mediante una enmienda de Ciudadanos aceptada por el PP, 200.000 euros para actuar en la antigua estación. Aquella cantidad acabaría orientándose hacia la demolición. La Junta esperaba que el derribo pudiera ejecutarse en 2018 mediante un convenio con el Ayuntamiento, que puso en marcha el procedimiento. El 30 de noviembre de 2017, la Junta de Gobierno Local aprobó los pliegos para contratar conjuntamente la redacción del proyecto, la dirección facultativa, la coordinación de seguridad y salud y las propias obras de demolición.

El presupuesto máximo era de 200.000 euros: 18.000 euros correspondían a proyecto, dirección y coordinación y 182.000 a la ejecución del derribo. Se contemplaban 50.000 euros en 2017 y 150.000 en 2018. Aquello fue una licitación,  no una demolición, además de que no existía unanimidad política sobre la conveniencia de tirar el edificio.

Trato Ciudadano propuso paralizar el derribo, efectuar reparaciones y reutilizar progresivamente la estación. Planteó un vivero de empresas, espacios de coworking, dependencias vecinales, exposiciones, mercadillos, actividades deportivas, ensayos musicales, teatro, ferias y almacenes municipales. Defendía que los 200.000 euros previstos para demoler podían emplearse en empezar a recuperar el inmueble. El PSOE, por su parte, pidió que los abulenses fueran consultados sobre el futuro del espacio. Ambas propuestas fueron rechazadas en el pleno de noviembre de 2017 por el PP y Ciudadanos.

Propiedad del edificio
Ante la posible demolición, se planteó la propiedad. Durante años se manejaron versiones distintas. Se consideró que el suelo era municipal (que antes había ocupado el campo de fútbol de San Antonio), pero que el edificio pertenecía a la Junta; después aparecieron documentos que apuntaban al Estado; y el Ayuntamiento llegó a defender que todo era suyo mediante la figura jurídica de la accesión.

Una comisión municipal de julio de 2017 todavía recogía que la estación pertenecía a la Consejería de Fomento mientras el suelo era municipal. Meses después, las investigaciones sobre la finca registral mostraron que no constaba una cesión completa del solar en los años 70 ni una escritura de obra nueva que resolviera inequívocamente la situación.

La controversia llegó a los tribunales. Trato Ciudadano recurrió el procedimiento de demolición y solicitó cautelarmente su suspensión. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó en junio de 2018 la negativa a adoptar esa medida cautelar, pero el Ayuntamiento decidió de todos modos detener la adjudicación hasta aclarar jurídicamente la propiedad. El derribo de 200.000 euros nunca se ejecutó. La subvención autonómica tampoco se terminó empleando para la estación.

La controversia patrimonial fue uno de los principales factores que hicieron descarrilar aquella primera solución, pero no el único: al mismo tiempo persistía el desacuerdo sobre si convenía demoler o conservar el inmueble. Mientras las administraciones discutían sobre la propiedad y el futuro uso, el edificio continuaba cerrado y deteriorado. En febrero de 2019 el PSOE advertía ya del deterioro y reclamaba una decisión. En septiembre de ese mismo año consiguió que el pleno aprobara por unanimidad iniciar los estudios para determinar el destino de la estación y solicitar formalmente al ministerio competente la cesión del inmueble.

El presupuesto municipal de 2020 reservó 30.000 euros para elaborar un proyecto sobre la antigua estación si se resolvía la titularidad. Tras una visita al interior, en febrero de 2020, el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, describió públicamente en febrero de 2020 una instalación en “muy malas condiciones”: cristales rotos, indicios de personas que habían dormido dentro y daños provocados por las palomas, especialmente en la zona de los andenes. El regidor señalaba entonces que, pese a todo, los técnicos consideraban aprovechable la estructura principal.

Expediente de ruina

Pocos meses después, el diagnóstico municipal se endureció considerablemente. El 23 de julio de 2020 el Ayuntamiento incoó formalmente un expediente de ruina. El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de octubre y atribuía entonces la titularidad al Ministerio de Hacienda. El informe municipal describía un edificio que desde 2014 no había recibido actuaciones relevantes de conservación, inspección, limpieza o mantenimiento. Hablaba de deterioro, presencia incontrolada de aves, suciedad e insalubridad y personas que merodeaban por el inmueble.

Había además un problema potencialmente más grave: se localizaron calderas y bidones con gasóleo y existían dudas sobre si los depósitos propios de la antigua estación habían sido correctamente inertizados después del cierre. La arquitecta municipal concluyó que los 5.682 metros cuadrados del inmueble no reunían las condiciones mínimas de seguridad, estabilidad, salubridad y habitabilidad.

El debate entre rehabilitar y demoler volvía al punto de partida. Entre las alternativas que han acompañado a la estación durante estos años, una de las más persistentes ha sido destinarla a niños, familias y usos sociales. Por Ávila concurrió a las elecciones municipales de 2019 proponiendo expresamente que la antigua estación se convirtiera en “un espacio para las asociaciones de la ciudad y un centro de ocio para familias, con actividades culturales y lúdicas”. Su programa incluía también, dentro del mismo bloque de políticas familiares, la creación de un parque cubierto para poder utilizarlo durante todo el año.

El parque infantil cubierto también había aparecido entre las alternativas defendidas anteriormente por el PSOE. En 2019 los socialistas enumeraban como posibles destinos un aparcamiento, ocio para niños y jóvenes, biblioteca o centro de estudio. El asunto llegó incluso al Consejo Municipal de Menores. En noviembre de 2020, ante la controversia por el derribo, el alcalde sostuvo que el parque infantil se realizaría, aunque en otro emplazamiento. Así consta en el acta del pleno municipal de aquel mes, durante un enfrentamiento con el PSOE sobre lo explicado previamente a los niños. Hubo todavía otra iniciativa específica. En noviembre de 2022, el procurador de Unidas Podemos Juan Pablo Fernández presentó una enmienda, que no fue aprobada. a los Presupuestos de Castilla y León de 2023 para destinar 50.000 euros a un “proyecto de parque infantil en la antigua estación de autobuses de Ávila”. 

La idea de convertir la vieja estación en un espacio familiar, por tanto, llegó a programas electorales, debates municipales y una propuesta presupuestaria autonómica, pero nunca pasó a convertirse en una obra. Más tarde, el alcalde dijo que ya no contemplaba esa idea, puesto que la idea de un parque infantil cubierto ya había sido puesta en marcha por la iniciativa privada.

Propìedad

El bloqueo patrimonial empezó a resolverse en 2020, cuando el Ayuntamiento solicitó formalmente que se reconociera su titularidad. El 19 de febrero de 2021 el Ministerio de Hacienda remitió al Consistorio la certificación que reconocía al Ayuntamiento como propietario del edificio, aplicando la accesión sobre una construcción levantada en suelo municipal.

Sánchez Cabrera sostuvo entonces que el derribo era “inevitable” y cifró en “más de cinco millones de euros” el coste de rehabilitar el inmueble, cantidad que consideraba inasumible para las arcas municipales. También afirmó inicialmente que seguía disponible la subvención autonómica de 200.000 euros para demoler.

Dos meses después se produjo otro cambio: esos 200.000 euros dejaron definitivamente de estar destinados a la estación. Ayuntamiento y Junta acordaron emplearlos en la remodelación de la plaza de Fuente El Sol. El alcalde explicó entonces que ganaba peso la posibilidad de que la iniciativa privada asumiera el proyecto y también los costes del derribo.

Escuela de emergencias que nunca llegó
A comienzos de 2021 empezó a trascender la existencia de conversaciones con una empresa privada para instalar en la parcela un centro de formación vinculado a bomberos, seguridad, rescate y emergencias. En octubre de aquel año, el alcalde explicaba que esperaba el “ok definitivo” de la empresa. La operación supondría derribar el inmueble existente y levantar otro edificio.

La iniciativa fue adquiriendo dimensiones mucho mayores. En enero de 2025, al dar prácticamente por aparcada esa opción, Sánchez Cabrera explicó que el proyecto empresarial contemplaba también instalaciones en Vicolozano y una inversión aproximada de 160 millones de euros, pero que la compañía tenía problemas para obtener financiación.

En julio de 2022 el PP denunció que, pese a llevar alrededor de año y medio anunciándose, no se había presentado un proyecto detallado ante los órganos municipales. Los populares también criticaron los cristales rotos, las palomas y el estado de abandono del inmueble. Según el PP, las gestiones habían incluido un viaje para conocer instalaciones de la empresa y una comida protocolaria de 641 euros. En enero de 2022023, propio Ayuntamiento respondía en una comisión que el gerente de la sociedad mantenía su intención de instalarse en Ávila, pero no ofrecía ningún plazo.

La espera continuó hasta que el proyecto quedó, en la práctica, congelado. En enero de 2022025, portavoz municipal José Ramón Budiño reconoció que estaba “en standby”. La gran escuela de emergencias había sido durante unos cuatro años la principal expectativa para el solar, pero nunca hubo documentación alguna del proyecto.

Aparcamiento
El 15 de enero de 2025 llegó otro cambio de rumbo para volver a la idea inicial. El Ayuntamiento anunció su intención de transformar la antigua estación en un “gran aparcamiento público”, con plazas para residentes y capacidad para funcionar como estacionamiento disuasorio asociado a la Zona de Bajas Emisiones. La ubicación, próxima a las avenidas de Madrid y Portugal y a la plaza de Santa Ana, se presentaba también como una oportunidad para facilitar el acceso de visitantes y favorecer el comercio de la zona.

Al día siguiente, el Gobierno municipal aclaró que los técnicos estaban todavía “evaluando las posibilidades” y que se estudiaban fórmulas para desarrollar la actuación. No había en ese momento proyecto aprobado ni obra licitada.

La propuesta abrió otro debate político. El PP recordó que había incluido un aparcamiento en la antigua estación en su programa electoral de 2023 y reclamó “transparencia, agilidad y capacidad”. Ese programa proponía actuar por fases, convocar un concurso de ideas y reservar parte de las plazas del futuro estacionamiento a residentes. El PSOE llevó el asunto al pleno de enero de 2025. Su propuesta inicial planteaba utilizar parte del inmueble como aparcamiento, destinar la primera planta a asociaciones y trasladar allí la Casa de las Ideas. Tras una transacción con Por Ávila, el acuerdo quedó más abierto: estudiar proyectos que incluyeran aparcamiento y otros espacios de interés general. La moción fue aprobada con los votos de Por Ávila, PP y PSOE y la abstención de Vox, que defendió posteriormente que el parking debía desarrollarse mediante colaboración público-privada.

El propio equipo de Gobierno confirmó semanas después que manejaba un esquema de aparcamiento en la parte inferior y dependencias municipales en la superior, con financiación municipal y posible participación privada. Pero tampoco esa formulación se convirtió inmediatamente en un expediente de obras.

La antigua estación ha acabado funcionando también como espejo de los cambios políticos del Ayuntamiento. El PP, cuando gobernaba antes de 2019, impulsó el derribo financiado con los 200.000 euros autonómicos. Ya en la oposición, pasó a criticar la falta de avances de Por Ávila y, en 2023, incorporó a su programa una actuación por fases con concurso de ideas y aparcamiento.

El PSOE ha mantenido de forma más continuada la defensa de conservar un destino público y social: planteó consultar a los ciudadanos en 2017, promovió en 2019 la tramitación de la titularidad, defendió en 2020 y 2021 conservar el inmueble para usos culturales, sociales y de ocio y en 2025 volvió a reclamar aparcamiento combinado con espacios municipales. La moción socialista de 2021 para mantener el edificio y buscar financiación de rehabilitación fue rechazada por Por Ávila y Ciudadanos, con abstención del PP.

Por Ávila llegó al Gobierno en 2019 con la promesa de asociaciones y ocio familiar. Después defendió la demolición por el estado del inmueble, apostó por atraer inversión privada y durante años mantuvo abierta la posibilidad de la escuela de emergencias. En 2025 giró hacia el aparcamiento y los usos municipales.
El resultado de todos esos movimientos es paradójico: 12 años después, algunas de las ideas que vuelven a discutirse (aparcamiento, asociaciones, usos sociales y participación privada) ya habían aparecido, de una u otra forma, durante los primeros años de abandono.

Dinero
La historia de la antigua estación ha dejado muchas cifras económicas de las que no se ha ejecutado ninguna, como los 200.000 euros de la Junta que en 2017 se vincularon a la demolición y dieron lugar a un expediente municipal de contratación, para un derribo que no se realizó y cuya cantidad se destinó en 2021 a la plaza de Fuente El Sol.

Los 30.000 euros incluidos en las cuentas municipales de 2020 estaban destinados a la redacción de un proyecto, no a rehabilitar el inmueble. Tampoco se ejecutaron.

Los más de cinco millones mencionados en 2021 eran una estimación municipal del coste de rehabilitación utilizada por el alcalde para justificar la demolición, no una inversión aprobada.

Los 160 millones asociados a la escuela de emergencias correspondían al proyecto global de una empresa privada que incluía la antigua estación y Vicolozano; nunca llegaron a invertirse.

Los 50.000 euros para un parque infantil fueron una enmienda presentada por Unidas Podemos a las cuentas autonómicas para 2023, no una obra ejecutada. Y los 250.000 euros planteados para 2026 proceden de una enmienda socialista para recuperar la estación con usos sociales. Las cuentas municipales incorporaron finalmente las enmiendas negociadas con el PSOE, pero tampoco se han ejecutado.

Ahora, a menos de un año para las elecciones municipales de mayo de 2027, se vuelve a la idea del aparcamiento, pero sin abordar decisiones: concretar qué parte se destinará a estacionamiento; qué superficie conservará usos municipales o sociales; determinar si se rehabilita la estructura actual o se interviene de otra forma; definir el modelo de gestión; calcular el coste y la financiación; redactar y aprobar el proyecto técnico y, finalmente, licitar y ejecutar las obras.