En Castilla y León existe un operativo permanente dedicado a la prevención, extinción y también a la investigación de las causas de los incendios forestales. La responsabilidad inicial recae en los técnicos y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, profesionales especializados que acuden al terreno una vez extinguido el fuego para determinar cómo comenzó. Cada incendio desencadena una investigación técnica cuyo objetivo es identificar la causa originaria; es decir, si fue provocado por un rayo, una chispa de maquinaria, una colilla mal apagada u otro factor. Esta labor minuciosa permite establecer medidas de prevención para evitar nuevos incendios similares en el futuro.

Ahora bien, cuando de las investigaciones técnicas se desprenden indicios de que el fuego pudo ser intencionado, provocado deliberadamente, o fruto de una negligencia grave, entra en juego la coordinación con las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que colabora estrechamente con la Junta en estos casos. En concreto, si existen claros indicios de intencionalidad criminal, la investigación pasa a realizarse de forma coordinada con la Guardia Civil para dar el salto del ámbito técnico-administrativo al ámbito policial y judicial. Esto garantiza que cualquier posible delito medioambiental sea investigado con todas las facultades legales necesarias.

Inspección del terreno
Se trata de un trabajo detectivesco sobre el terreno. Los agentes medioambientales de la Junta realizan una inspección ocular exhaustiva de la zona cero del incendio, buscando el punto exacto de inicio de las llamas y recogiendo cualquier evidencia física que les indique la causa.

Esta inspección incluye analizar el patrón de quemado de la vegetación, la dirección en que avanzó el fuego y la presencia de posibles desencadenantes. Por ejemplo, un cable eléctrico caído, restos de una hoguera, maquinaria agrícola que estuviera operando en las inmediaciones o incluso varias áreas de inicio simultáneo, lo que sugeriría intencionalidad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en su función de policía judicial, participan en esta investigación técnico-policial examinando cuidadosamente el terreno calcinado para esclarecer el origen del fuego, sus causas y motivación, e identificar a los posibles responsables si se trata de un hecho delictivo.

Durante este proceso, se utilizan métodos científicos y forenses. Los investigadores pueden emplear herramientas como detectores de metales o imanes para hallar pequeñas partículas (por ejemplo, una esquirla metálica producto de una chispa de tractor) entre las cenizas. También documentan fotográficamente la escena y recogen muestras o indicios que serán analizados. Todo queda plasmado en un informe técnico detallado que servirá de base para actuaciones legales posteriores. Gracias a este meticuloso trabajo de campo, se logra con frecuencia determinar con exactitud si el incendio fue causado por un rayo, un accidente (como el sobrecalentamiento de una máquina) o si, por el contrario, fue provocado deliberadamente incumpliendo la ley.

La inmensa mayoría de los incendios tienen origen humano. De hecho, tan sólo un porcentaje muy pequeño (en torno al 6%) de los incendios se inician por causas naturales, por lo que casi todos son consecuencia de actividades humanas, ya sea por descuidos, negligencias o acciones intencionadas.

Esta realidad hace aún más importante la labor investigadora: cada indicio cuenta para diferenciar un lamentable accidente de un acto deliberado. En Castilla y León, por ejemplo, en un año extraordinariamente benigno como 2023, aproximadamente el 55% de los incendios tuvieron intencionalidad humana, mientras que alrededor del 25% se debieron a negligencias o accidentes y menos de un 10% a causas naturales.

Encontrar la causa precisa permite no solo depurar responsabilidades, sino también reforzar la prevención (si fue accidental o negligente) o iniciar una persecución penal (si fue intencionado).

Coordinación
La investigación de un incendio forestal grave no es tarea de un solo organismo, sino un esfuerzo conjunto e interinstitucional. En la fase inicial, la Administración autonómica a través de sus agentes medioambientales desempeña un papel crucial. Pero además, es esencial la coordinación previa entre la propia Junta, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Fiscalía de Medio Ambiente para esclarecer los hechos desde el primer momento.

Esta colaboración garantiza que todas las competencias encajen: los técnicos ambientales aportan su conocimiento del medio y las pruebas del terreno, la Guardia Civil aporta sus capacidades policiales (interrogatorios, inteligencia, Policía Científica para análisis forenses, etc), y la Fiscalía dirige la investigación jurídica para que el caso prospere en los tribunales. La Junta de Castilla y León subraya constantemente su voluntad de cooperar con la Justicia en esta materia. 

Esto se traduce en que la Junta, a través de sus Servicios Jurídicos, incluso puede personarse como acusación particular en procedimientos penales por incendios cuando existe un interés público de por medio, trabajando codo con codo con la Fiscalía para aportar pruebas y reclamar las sanciones y compensaciones necesarias.

Por su parte, la Fiscalía de Medio Ambiente desempeña un rol vertebrador a nivel judicial. De acuerdo con la legislación vigente, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado tiene encomendada la lucha contra los delitos medioambientales e incendios forestales, y puede solicitar la intervención de los agentes forestales o medioambientales de las administraciones públicas para apoyar sus investigaciones

Esto significa que los informes técnicos de los agentes de la Junta y las diligencias policiales de la Guardia Civil serán valorados por fiscales especializados, quienes dirigirán la acusación contra los presuntos autores. De hecho, existe un Fiscal Coordinador de Medio Ambiente a nivel nacional, y en Castilla y León cada Fiscalía provincial cuenta con secciones dedicadas a estos delitos. 

Persecución de los delitos de incendio
Cuando un incendio forestal apunta a un comportamiento delictivo, la Guardia Civil asume un papel protagónico a través del Seprona, su unidad especializada en protección de la naturaleza. Los agentes del Seprona actúan como policía judicial ambiental, tomando el relevo en la investigación para identificar al culpable y reunir pruebas con validez legal. En el caso del incendio del Barranco de las Cinco Villas, la investigación corrió a cargo de la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente), unidad especializada del Seprona, que detuvo al presunto autor, un hombre que fue contratado para el operativo en sustitucióin del peón que falleció cuando se dirigía a parfticipar en la extinicón en las primeras horas del siniestro.

La investigación incluye entrevistas con posibles testigos, seguimiento de pistas (por ejemplo, vehículos avistados en la zona, antecedentes de incendios similares), y en muchos casos operaciones encubiertas o vigilancia para atrapar al incendiario in fraganti si se sospecha que podría reincidir. La eficacia de estas investigaciones policiales queda demostrada en los resultados. Estos delitos no quedan impunes, y las cifras lo avalan: según datos de la Fiscalía General del Estado, en solo un año como 2018 fueron 163 las personas detenidas o investigadas por incendios forestales en España, números similares a los de años anteriores.

En Castilla y León, cada temporada estival las autoridades anuncian investigaciones que conducen a la identificación de responsables, ya sea por negligencias graves (agricultores que incumplieron las normas en épocas de riesgo, por ejemplo) o por acciones intencionadas. De hecho, el Ministerio del Interior ha destacado que detrás de la mayoría de incendios investigados “está la mano del hombre” y difunde regularmente datos sobre las motivaciones: pirómanos, venganzas, intereses cinegéticos, vandalismo, quema incontrolada de rastrojos, entre otras.

Este seguimiento minucioso y persecución activa sirve como mensaje disuasorio a la sociedad: provocar un incendio es un delito gravísimo y, si lo haces, hay altas probabilidades de que acabes identificado y llevado ante la justicia. En cuanto a las penas y sanciones, el Código Penal español castiga duramente los incendios forestales. Dependiendo de la gravedad y la intencionalidad, las penas pueden ir desde multas e inhabilitaciones hasta largos años de prisión. En casos de incendios intencionados que pongan en peligro vidas o propiedades, la condena puede alcanzar hasta 20 años de cárcel, además de la obligación de indemnizar por los daños ambientales y pagar el coste de la extinción.

Es decir, quien prende fuego al monte enfrenta no solo la reprobación social, sino todo el peso de la ley, con consecuencias que le acompañarán de por vida. Las autoridades autonómicas recuerdan también que incluso las negligencias (como realizar quemas agrícolas en días no permitidos o descuidar un fuego) conllevan responsabilidades civiles e incluso penales si derivan en un gran incendio.

Colaboración ciudadana
Aunque las instituciones ponen en marcha todos sus recursos, la ayuda de la ciudadanía es fundamental para esclarecer incendios intencionados. Tras las decenas de casos de fuegos intencionados, la Junta de Castilla y León ha hecho un llamamiento expreso a la colaboración ciudadana para identificar a los incendiarios. Si una persona es testigo de comportamientos sospechosos (por ejemplo, alguien haciendo fuego en el monte en época de riesgo, vehículos desconocidos merodeando por zonas forestales justo antes de un incendio, o cualquier indicio de actividad incendiaria), es vital que lo comuniques de inmediato a las autoridades. Llamar al 112 o avisar a la Guardia Civil puede marcar la diferencia. De hecho, la propia Junta indica que la denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es un medio fundamental para identificar, detener y sancionar a los responsables de incendios provocados.

Muchos casos se resuelven gracias a pistas aportadas por vecinos y testigos que facilitan la labor de los investigadores. Además, colaborar también implica extremar las precauciones y evitar prácticas de riesgo que puedan causar incendios involuntariamente.