La Junta justifica el cierre basándose en la falta de alumnos para cubrir el aula, sin embargo, los manifestantes defienden que esta justificación carece de fundamento sólido. Según Inma Ausín, coordinadora de Koala Soluciones Educativas -empresa gestora-, si se admitieran las solicitudes ya presentadas que ascienden a cinco, el número de niños sería incluso superior al del curso anterior, superando el mínimo establecido para mantener el aula abierta.

Además, según han indicado, la respuesta de la Junta radica en que solo se puede abrir una nueva aula cuando ya hay 20 niños inscritos, aunque desde el centro aseguran que en el periodo ordinario de matrícula (la fase principal para apuntarse), no suelen llegar tantas solicitudes de una vez, sino que esas aulas se van llenando poco a poco, durante el periodo ordinario y también después, en el extraordinario.

“Ellos [la Junta] asumen que primero tenemos que llegar a los 20 [alumnos] para abrir la siguiente aula. Con los que ya tenemos escolarizados tenemos 39 niños, porque no podemos tener más niños escolarizados de uno a tres años. Tenemos las tres aulas llenas. Si no nos permiten, con los niños que han llegado, abrir ese otra aula, es imposible solo en el periodo ordinario tener tantas solicitudes de matriculación para dos o tres años. Esas aulas se llenan a medida que pasa el periodo ordinario y que pasa el periodo extraordinario”, ha señalado la coordinadora de la empresa que gestiona el centro. 

Los padres y madres afectados por el cierre, califican la decisión de "aberrante" e "incoherente" al considerar que esta medida supone un grave retroceso en la calidad educativa y en las condiciones de desarrollo de sus hijos.

Las críticas se centran en la pérdida de ratios adecuados, fundamentales para la atención personalizada de niños de 2 a 3 años. "Nos parece una oportunidad perdida para ofrecer una educación de calidad. Aunque no sea oficial, mantener un aula adicional permitiría grupos reducidos de 15 niños en lugar de 20", comentó una de las madres afectadas. 

Otros centros, no acondicionados 

Además, denuncian que mientras se cierran aulas en centros bien equipados como el de Piedra Machucana (de competencia municipal), se destinan recursos a habilitar espacios que no cumplen con las condiciones necesarias. "Sabemos de centros en los que los niños, si un día llueve, no pueden salir de su aula no tienen espacio de descanso, no tienen espacio de comedor, no tienen espacio de recreo”, ha asegurado esta madre, quien ha defendido “que se implante la gratuidad en 0-3 años”, pero no “a costa de la calidad de los niños, de la educación que reciben y de las educadoras y a las familias”. 

“Me parece una aberración cerrar una aula preparada de un centro especializado en favor de unas aulas que no están preparadas ni que disponen de los recursos necesarios”, ha asegurado. 

Las familias exigen a la Junta reconsiderar la medida, destacando que la decisión no solo afecta a la calidad educativa, sino que también limita la libertad de elección de centro para los padres. "Nos venden la libertad de elección, pero en la práctica nos la están arrebatando", han concluido los afectados.

Actualmente, según ha detallado Inma Ausín, hay 39 alumnos de 2 a 3 años repartidos en tres aulas, pero con la entrada de los cinco alumnos que ya han solicitado como primera opción, la cifra ascendería a 44. De esta manera habría al menos 14 alumnos en cada una de las aulas, cuando el mínimo está establecido en 12 para los centros que cuentan con la gratuidad. 

De 21 vacantes a ninguna 

El problema radica, en parte, en la gestión de las vacantes. Inicialmente, la Junta publicó 21 vacantes para las tres aulas, pero en una actualización posterior, las eliminó todas solo en Piedra Machucana. Esto ha dejado a muchas familias sin la posibilidad de elegir libremente este centro, que las familias valoran por la calidad de su atención y sus instalaciones. Además, se señala que este criterio de ratios mínimas no se aplica de la misma forma en otros centros infantiles de Ávila dependientes de la Junta , donde incluso se han abierto nuevas aulas con tan solo tres niños.

El cierre del aula no solo afecta a las familias y a la continuidad educativa de los alumnos, sino que también supondrá la pérdida de empleo para al menos una educadora, ya que cada aula requiere de una profesional dedicada. “Estamos hablando de la eliminación de un puesto de trabajo y del impacto negativo en la estabilidad de los niños que cambian de educadora cada año”, añadió Ausín.

Las familias y la empresa gestora han presentado recursos ante la Junta, esperando que esta reconsidere su decisión.