El abogado Juan Ángel Martínez considera que la sentencia no anula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por un simple defecto técnico y cronológico -como defiende el Ayuntamiento- por haber aprobado antes la zona que el Plan Municipal de Urbanismo Sustentable (PMUS), sino por la falta de justificación que defienda por qué la ZBE debe aplicarse al centro de Ávila, y ha criticado la normativa que regula la zona por ser “injusta y antisocial”. 

Una valoración que ha realizado uno de los abogados del colectivo abulense que presentó la demanda contra la ZBE de Ávila, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anula la ordenanza de la ZBE. Y es que, según el letrado Juan Ángel Martínez, la resolución judicial les da la razón “íntegramente”, ya que anula de raíz la ordenanza, en su criterio, porque el PMUS no justifica adecuadamente que la zona deba aplicarse en la zona intramuros. 

Martínez ha querido desmontar la idea del equipo de Gobierno de que la anulación se deba a un simple defecto “cronológico” o de forma. Según ha detallado, la sentencia deja claro que no basta con que exista un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado antes de implantar la ZBE; sino que ese plan debe incluir estudios, análisis y justificaciones técnicas que sustenten por qué es necesario establecer restricciones en una zona concreta como el centro de Ávila.

"No ha existido ningún análisis"

“Cuando se han puesto las zonas de bajas emisiones no ha existido ningún análisis. No hay ningún contraste de contaminación acústica del aire, ni absolutamente ningún informe o análisis”; ha segurado el letrado.

Además, considera que la normativa estatal que obliga a implantar la ZBE “impone coactivamente limitaciones innecesarias y aumenta la carga económica de los ciudadanos y especialmente de los más desfavorecidos”. Esta razón ha llevado, según el letrado, a que en Francia se haya suprimido la creación de la Zona de Bajas emisiones. 

De hecho, los demandantes sostienen que la zona centro de Ávila es precisamente la que menos contaminación ambiental y acústica presenta, y también la que registra menor movilidad. Así lo acredita, aseguran, el estudio que sirvió para redactar el anterior PMUS, lo que refuerza su tesis de que no hay motivo para situar allí una ZBE. “Sería como imponer una zona de bajas emisiones en la Plataforma de Gredos”, ha ironizado Martínez, argumentando que “de todas las zonas de Ávila, la zona centro es la más absurda que hay”.

Estrategia legal: aclaración y nueva impugnación

Por todo ello, Martínez ha avanzado que solicitarán una aclaración de la sentencia para despejar dudas sobre varios argumentos. Además, ha anunciado que impugnarán el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado el 28 de marzo de 2025, al considerar que no contiene los estudios exigidos que deberían servir de pilar para justificar la ZBE. 

En cuanto al estado actual de la ZBE, el abogado entiende que su eficacia jurídica ha desaparecido totalmente. Considera que ya no pueden aplicarse sanciones ni mantenerse elementos como la cartelería o los controles, ya que la ordenanza ha dejado de existir.

Además, ha criticado que el régimen sancionador contemplaba únicamente infracciones graves y contradice la pretensión inicial para fomentar el transporte público, dado que en algunos casos, ni siquiera los autobuses pueden acceder a la zona restringida en Ávila. 

Con esta sentencia y los recursos en curso, el futuro de la ZBE en Ávila ha quedado anulada, pendiente de un proceso judicial y político que, según anticipan los demandantes, se podrá prolongar durante un año.