La sentencia anula la ordenanza, por lo que el Ayuntamiento debe aprobar una nueva y ya no entrará en vigor el 1 de julio. Para el portavoz del Grupo Municipal Popular, Jorge Pato, la anulación de la ZBE es la prueba de “una nefasta gestión” del equipo de Gobierno municipal. “El alcalde, su equipo de Gobierno y sus socios actuales de Vox y sus exsocios del PSOE han hecho perder el tiempo a los abulenses y, sobre todo, han despilfarrado una oportunidad real de mejorar la movilidad en Ávila”, ha declarado.

Pato ha recordado que el PP fue el único grupo político que votó en contra de la ZBE tanto en la comisión informativa correspondiente como en el pleno. Mientras tanto, “Por Ávila y PSOE la apoyaron y Vox se abstuvo para no molestar al alcalde, porque ya sabemos que en Ávila la veleta verde sopla donde le dicen los vientos amarillos”, ha ironizado el edil popular.

El Consistorio debería haber aprobado primero el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y, posteriormente, por lo que los populares creen que “una vez más, a Por Ávila le ha pillado el toro y se ha caído con todo el equipo por haber empezado la casa por el tejado, haber sesteado durante años con el nuevo pliego de autobuses, incapaz de sacarlo adelante ni con dos sablazos fiscales a los abulenses”, ha reprochado Pato.

El dirigente del PP ha subrayado, además, que si no se hubiese aprobado la moción de su grupo para establecer una moratoria entre el 1 de enero y el 1 de julio, todas las sanciones impuestas durante ese periodo habrían sido anuladas y el Ayuntamiento habría tenido que devolver el importe de las multas, con el gasto que ello habría conllevado.

Imposición
También el Grupo Municipal de Vox ha acogido con satisfacción el fallo judicial, que consideran una victoria frente a lo que califican como “imposición ideológica injustificada”. Para la portavoz municipal, Laura García, la ordenanza anulada “atentaba directamente contra los derechos y libertades de los abulenses”.

“Ávila no tiene un problema estructural de contaminación que justifique las restricciones de circulación y movilidad que pretendía imponer la ZBE”, ha afirmado García, quien ha criticado las políticas ambientales de la Unión Europea. “Esta ordenanza, como tantas otras de corte ideológico, era fruto de las políticas verdes dictadas desde Bruselas y asumidas dócilmente por los partidos del consenso progre: PP y PSOE”, ha sostenido.

La representante de Vox ha criticado que la implantación de estas medidas está condicionada a la recepción de fondos europeos. “Desde Vox denunciamos que estas políticas climáticas europeas no son propuestas, sino imposiciones, condicionadas a la concesión de fondos europeos. Si los ayuntamientos no aplican estas medidas, se ven amenazados con la pérdida de subvenciones y ayudas. Esta forma de proceder es inaceptable: se gobierna a golpe de chantaje económico”, ha asegurado.

García ha subrayado que su formación seguirá oponiéndose a cualquier restricción sobre la movilidad en la ciudad y que “se  criminalice el uso del vehículo privado, que se limite la movilidad de las familias o que se expulse a los abulenses del centro de su propia ciudad".