Tras un juicio con tres sesiones en marzo de 2022, el fallo fue emitido un mes después por parte de la Audiencia Provincial de Ávila, a raíz de la contratación por parte del Consistorio de unas obras de urbanización por las que, junto a otros tres encausados, se habría apoderado de un total de 652.825,34 euros.

De esta manera, el alto tribunal rechaza el recurso de casación presentado por Elvira y por su hermana, que también fue condenada a 4 años de prisión, ratificados igualmente por el Supremo.

Esta última era propietaria y administradora única de Desarrollos y Montajes LAE SL, la empresa que se encargó de realizar los trabajos tras ser subcontratada por la mercantil Antonio Morato e Hijos SL, a la que se le adjudicaron las obras.

Según el fallo inicial de la Audiencia Provincial, esta mujer era "cooperadora necesaria", de ahí la condena a cuatro años de prisión por "delitos continuados de fraude y malversación", así como a la accesoria de inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante la condena y a inhabilitación absoluta por ocho  años. Sí fue absuelta del delito de falsedad.

Por su parte, al administrador de la empresa Antonio Morato e Hijos se le rebaja la pena de cuatro a dos años y diez meses de cárcel, al considerar el alto tribunal la atenuante "cualificada" de dilaciones indebidas. La sentencia le condenó como "cooperador necesario por un delito continuado de fraude, otro de malversación y otro de falsedad",

Además, la Audiencia Provincial condenó al arquitecto director encargado de certificar las obras a dos años de prisión, sin que recurriera el fallo de abril de 2022.

Responsabilidad civil

Por otra parte, los cuatro fueron condenados, en concepto de responsabilidad civil, a indemnizar "conjunta y solidariamente" al Ayuntamiento de Peguerinos "por los perjuicios ocasionados", con la cantidad de 652.825,34 euros, que fue "la diferencia entre lo pagado y lo ejecutado y de la que se apoderaron los acusados", según figura en la sentencia.

Ese importe responde a la diferencia entre los certificados por 1.685.781,5 euros y 1.032.956,2 euros, que según el fallo es la cantidad a la que asciende la obra realizada, según ha sido tasada por "el técnico de la Diputación en su informe". El perito arquitecto de la Diputación provincial señaló, durante el juicio, que se trataba de una obra "desastrosa".

Luis Alfonso Elvira, que entonces militaba en el PP, tuvo que abandonar la alcaldía tras ser inhabilitado por prevaricación durante nueve años. Su sucesora y actual alcaldesa, Asunción Martín, también del PP, paralizó las obras y, en nombre, del Consistorio presentó una denuncia por los hechos ahora juzgados y condenados.