Así lo ha criticado la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Ávila, María del Carmen Iglesias, que ha acusado al PP de utilizar la institución provincial como “un macrochiringuito para colocar a los amigos y hacerlo en las mejores condiciones”, tras la designación del nuevo jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación para unos parques de bomberos que no se prevén que empiecen a funcionar hasta el próximo año. 

Aunque el procedimiento ha sido por libre designación, “una fórmula legal”, el resultado, señala, ha sido la elección de Jorge Pindado Miguel, actual alcalde de Peñalba de Ávila por el Partido Popular y cuya único requisito ha sido ser funcionario A1 y para un puesto al que se presentaron tres candidatos. 

“¿Sorpresa para el PSOE? cero, ninguna. Nosotros ya sabíamos quién iba a ser designado para este puesto, incluso antes de que se presentaran las instancias por los interesados. Tengo aquí un acta de manifestación ante notario que hice yo misma el 13 de enero, en el que aventuré que el próximo jefe del Servicio iba a ser Jorge Pindado Miguel, actual alcalde de Peñalba de Ávila por el PP. ¿Somos adivinos? No. Es que el PP es muy previsible”, ha indicado Iglesias, quien ha insistido en que este proceso permitía optar al puesto, incluso sin experiencia previa en lucha contra incendios.

Además, la portavoz socialista ha acusado al PP de utilizar los los procesos de estabilización del empleo público -obligatorios por ley en las administraciones públicas- para “colocar a los suyos en las mejores condiciones posibles”, citando los casos de un diputado provincial del PP y la esposa de un senador y alcalde del mismo partido. 

“Todos sabemos lo difícil que es acceder a una plaza de funcionario en España.  Pues bien, si eres de Ávila y eres cercano al Partido Popular o eres del Partido Popular, lo tienes mucho más fácil”, ha asegurado Iglesias. 

Tribunales de selección

En el mismo sentido, el diputado provincial del PSOE, Raúl Blanco, ha criticado lo que considera un sistema parcial y clientelar en la designación de los tribunales de selección de personal en la Diputación de Ávila. Según ha denunciado, son siempre las mismas personas quienes forman parte de estos tribunales, lo que no sólo pone en duda la imparcialidad del proceso, sino que además supone una retribución económica adicional para los elegidos. Blanco ha exigido la implantación de criterios objetivos y transparentes para garantizar la equidad en estos procesos.

Otro de los aspectos más graves, según el socialista, es la escasez de personal en áreas clave como el asesoramiento a municipios o los servicios sociales, donde los retrasos en los informes y la falta de coordinación están afectando a los pueblos más pequeños y a colectivos vulnerables. 

Blanco ha recordado que el propio Tribunal de Cuentas ha alertado de un déficit estructural del 36,8 % en la plantilla, lo que impide prestar servicios eficaces. A esto se suman desequilibrios entre departamentos —unos saturados y otros sobredimensionados—, ausencia de formación para empleados públicos y una sobrecarga laboral que ha llevado a algunos trabajadores a acumular hasta 800 horas extraordinarias al año, cuando el límite legal es de 80. Pese a las sanciones de la Inspección de Trabajo, asegura que el PP no ha corregido esta situación, lo que, a su juicio, revela una falta total de voluntad para mejorar el funcionamiento de la Diputación.