El Gobierno descarta la conexión de Ávila con la A-6 por "falta de rentabilidad socieconómica”

“No queda suficientemente acreditada la procedencia de la ejecución de la actuación y la inexistencia de alternativas más económicas y eficientes”, dice el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El expediente de información pública del estudio informativo ‘Autovía entre Ávila (A-50) y la autovía del Noroeste (A-6)’, que acaba de aprobar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indica que la alternativa 3, que era la propuesta en la declaración de impacto ambiental, no es rentable desde el punto de vista socioeconómico.

El análisis coste-beneficio contenido en el estudio informativo del proyecto pone de manifiesto que la alternativa 3, que es la elegida por el Ministerio de Transición Ecológica, “tiene unos indicadores de rentabilidad socioeconómica notablemente inferiores” a los de la alternativa 5, que es la escogida por el Ministerio de Transporte.

“Principalmente por su mayor coste de inversión inicial (173,1 millones de euros frente a 126,5) y en menor medida por un trazado con menor capacidad de captar tráfico”, significa el estudio informativo, añadiendo que “los indicadores de rentabilidad se estimaron solamente en una hipótesis optimista de tráfico”.

Falta de rentabilidad

De este modo, las “leves desviaciones de la demanda considerada o del coste de la inversión inicial implican la falta de rentabilidad socioeconómica de la actuación, no compensando los beneficios obtenidos los costes de la actuación”.

“Estas desviaciones no son improbables considerando prognosis de tráfico menos optimistas que las empleadas en el estudio informativo o por el incremento de los costes de inversión cuando se redacten los proyectos de construcción que desarrollen la alternativa 3”, se apunta en el estudio informativo.

Por todo lo anterior, concluye, “no queda suficientemente acreditada la procedencia de la ejecución de la actuación y la inexistencia de alternativas más económicas y eficientes”.

El Gobierno inició el periodo de información pública del estudio de la autovía en enero de 2019 y casi dos años después, en noviembre de 2021, se conoció la evaluación de impacto ambiental del proyecto.

Contra la resolución que aprueba el expediente de información pública del estudio informativo del proyecto se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en el plazo de un mes.

Una vez resuelto o desestimado éste, también cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.