Los representantes socialistas reclaman que se acorten los plazos y que la construcción comience antes del verano, agilizándose la adjudicación, la formalización y el acta de replanteo. Como no podrá abrirse al menos hasta otoño del 2028, hacen extensiva la reclamación del acortamiento de plazos también a la fase de construcción.

Los procuradores señalan “las últimas promesas” de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que “hace muy poco insinuaba que la nueva residencia estaría antes de 2026, lo que propiciaría su inclusión en los fondos Next Generation”, con “un calendario que la realidad desmintió en pocas semanas, con la agravante de que el proyecto tendrá que financiarse con presupuesto autonómico”.

Desde el PSOE se ve “con preocupación” los últimos datos de la Plataforma Social de Castilla y León, que indican que Ávila es, después de Burgos, la provincia de Castilla y León donde más plazas residenciales públicas se han perdido en los últimos 15 años: 170 de las 250 que fueron transferidas a la Junta por el Imserso. 

En contraposición, desde 2010 se ha incrementado casi un 4% la población abulense de más de 80 años, que suponen 15.440 personas mayores, cerca del 10% de la población.

Según los procuradores, la residencia que se construirá en la capital abulense es la que mayor retraso acumula de las tres proyectadas por la Junta para extender su nuevo modelo de unidades de convivencia: la de Salamanca ya está acabada; la de Zamora se encuentra muy avanzada; pero la de Ávila, anunciada en 2021, estuvo paralizada en el trámite de redacción, y no abrirá sus puertas hasta 2028.