Desde Ávila, dos autobuses con delegados del sindicato se han desplazado a la capital para sumarse a la protesta, una manifestación que ha congregado a 35.000 funcionarios de toda España, según datos de CSIF.

El motivo de la protesta es el enfrentamiento entre el Gobierno y las aseguradoras médicas ante la inminente finalización del actual concierto sanitario, prevista para finales de año. Esta situación ha provocado retrasos en consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, afectando directamente a los 1,5 millones de mutualistas del sistema Muface, según CSIF. En la provincia de Ávila, cerca de 20.000 empleados públicos dependen de este modelo sanitario, motivo que llevó a celebrar una protesta el miércoles ante la sede de Muface.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha manifestado “no descartar ninguna medida de presión, incluida una huelga en las administraciones públicas".

Borra ha señalado también la falta de apoyo de algunas formaciones políticas y que “partidos de Gobierno como Sumar no apoyen la continuidad del sistema". Asimismo, ha recordado la dedicación de los funcionarios al servicio ciudadano y ha lamentado que se esté desatendiendo su situación sanitaria: “no se merecen los funcionarios que, con el servicio que dan al ciudadano, se desatienda su situación sanitaria".

El sindicato ha subrayado que, aunque el convenio actual ha sido prorrogado hasta el 31 de enero de 2025, la incertidumbre persiste y los afectados han registrado centenares de denuncias, que ponen de manifiesto cancelaciones, retrasos y suspensiones de citas médicas.

Ante esta crisis, CSIF ha elevado el problema al ámbito europeo, presentando las denuncias en Bruselas para que tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea intervengan. Además, el sindicato registró las reclamaciones ante el Defensor del Pueblo y en el Congreso de los Diputados, con la esperanza de que los grupos parlamentarios impulsen iniciativas para defender la asistencia sanitaria de los mutualistas.