Ante la llamada de diversas organizaciones sindicales, como ANPE, UGT, USO, ADIDE, USIE, UFP, SUP, ACAIP y SIAT, medio centenar de manifestantes han exigido al Gobierno y a las aseguradoras privadas, ante la sede de Muface en la plaza Claudio Sánchez Albornoz, una solución "ya" que garantice la asistencia sanitaria de calidad para 1,5 millones de personas, entre funcionarios y sus beneficiarios. En la provincia de Ávila son 19.700 los mutualistas.

Las movilizaciones responden a la incertidumbre generada tras la renuncia de varias aseguradoras a renovar el concierto sanitario con Muface, según han advertido los representantes sindicales.

En el manifiesto leído durante la concentración, los sindicatos han denunciado que la asistencia sanitaria proporcionada por Muface está "seriamente comprometida". La causa principal, señalan, es la decisión de las aseguradoras de abandonar el concierto sanitario argumentando una infrafinanciación del modelo y la necesidad de aumentar sus beneficios económicos.

Por un lado, exigen al Gobierno “cerrar un nuevo convenio y poner sobre la mesa un plan de viabilidad para la asistencia sanitaria del funcionario público”. Por otro, denuncian “a unas aseguradoras insaciables que, con el argumento de la infrafinanciación, quieren incrementar sus beneficios a costa del Estado y de derivar los casos más caros de atender a la sanidad pública", señala el manifiesto, poniendo el foco en la problemática que deja a los mutualistas en una posición de vulnerabilidad.

Inseguridad

Antonio Pascual, representante de UGT, ha expresado su preocupación por la "inseguridad" que viven actualmente los empleados públicos. “Las aseguradoras y el Gobierno no pueden usarnos como rehenes en un modelo de sanidad que lleva más de 40 años funcionando”, por eso “nos preocupa especialmente la situación de los pensionistas, que no saben qué tipo de sanidad van a tener ni cuándo se resolverá este conflicto".

Además, ha destacado que las aseguradoras, en lugar de sufrir pérdidas, buscan "incrementar sus beneficios económicos", exigiendo primas más altas tras la crisis derivada de la Covid.

Por su parte, José Luis Gil, presidente de ANPE, ha aportado cifras del impacto en la provincia: “son 19.600 personas en la provincia las que dependen de Muface y de estas aseguradoras”, de las que “muchas de ellas son jubilados que están en una situación de indefensión”, por eso piden “un acuerdo ya, que garantice la tranquilidad y la asistencia médica que merecen”.

Gil ha recordado que el Gobierno había ofrecido un incremento del 17% en las primas a las aseguradoras, pero el acuerdo no se ha materializado, por lo que la falta de entendimiento deja a los mutualistas en una "posición precaria".

Colectivo policial

Por su parte, el secretario general del SUP Ávila, Víctor Dopazo, ha hecho hincapié en la especial afectación que sufre la Policía Nacional en la provincia debido a la Escuela Nacional de Policía, donde trabajan y residen numerosos funcionarios.

"Ávila está especialmente implicada porque hay muchos policías afectados” y "miles de futuros agentes”, según ha advertido.

Nuevo convenio
Los sindicatos demandan al Gobierno un nuevo convenio que garantice la viabilidad del modelo sanitario de Muface y, al mismo tiempo, más transparencia en el proceso. En segundo lugar, hacen un llamamiento a las aseguradoras para que prioricen la atención sanitaria de los mutualistas por encima de sus intereses económicos.

"Queremos un acuerdo estable, razonable y satisfactorio que garantice una asistencia sanitaria de calidad", han expresado en el manifiesto. Las organizaciones sindicales advierten que, de no alcanzarse un acuerdo en un plazo breve, continuarán ejerciendo "medidas de presión oportunas" hasta que se ofrezca una solución definitiva.

El manifiesto recuerda que el modelo sanitario de Muface ha sido “durante más de 40 años una referencia en el sistema sanitario español, ofreciendo a los funcionarios la posibilidad de elegir entre la sanidad pública o la asistencia privada concertada”. Los sindicatos alertan de que la situación actual supone “un riesgo inminente para la salud de los mutualistas, especialmente para los más vulnerables, como los pensionistas, quienes dependen en gran medida de la estabilidad del sistema”.