Le piden que “no justifique la condena de un año de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio”, y le recuerdan que “su actitud no es compatible con la ejemplaridad política”, puesto que García afirmó que se trataba de un delito cometido cuando no era alcalde y que el castigo de la justicia era una sanción administrativa.

Por Ávila destaca que la sentencia fue “por un delito contra la ordenación del territorio, por construir en una parcela clasificada como suelo no urbanizable una edificación de obra nueva cuando sólo tenía autorización para ampliar una caseta de aperos”, y que además condenó al exalcalde del municipio, Alejandro Picós, a año y medio de cárcel por un delito de prevaricación urbanística.

“Es una realidad ante la que el presidente de la Diputación Provincial y del Partido Popular no puede seguir mirando hacia otro lado o restarle importancia asegurando que se trata simplemente de una sanción administrativa”, teniendo en cuenta que los hechos “están relacionados con el Ayuntamiento que preside el propio condenado”.

Por Ávila cree que “de nada sirve intentar blanquear una actitud delictiva” sino que el PP “debe tomar medidas al respecto” tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila.