Los importes de las denuncias se encuentran en una horquilla que va desde los 200 a los 800 euros cada una, según la Subdelegación del Gobierno en Ávila, de ahí que algunos de los agricultores que invadieron la calzada aquella tarde acumulen varias sanciones y sumen multas de hasta 1.800 euros, como criticó el presidente de Asaja, Joaquín Antonio Pino.

Las infracciones tipificadas y aplicadas son hasta cinco: desde causar desorden público a negativa a disolver ante requerimiento de los agentes, exhibición de objeto peligroso, negativa a identificarse y falta de respeto a los agentes del grupo.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha indicado que competencia es la relativa a las sanciones administrativas, puesto que no interviene en las que tienen consecuencias de carácter penal. Precisamente de este aspecto es lo que se quejó especialmente el presidente de Asaja cuando criticó que el subdelegado de Gobierno, Fernando Galeano, se lavase las manos cuando fueron a reunirse con él y quejarse de las denuncias.

La protesta no comunicada de los agricultores el 8 de marzo supuso la intervención de agentes especializados de la Guardia Civil, que lanzaron pelotas de goma y gases lacrimógenos, lo que fue criticado por los manifestantes mostrando las lesiones que les supuso la actuación de los agentes. Frente a ello, la Subdelegación del Gobierno justificó la intervención, a diferencia de ocasiones anteriores, puesto que hubo "actitudes desafiantes" en una "actuación muy grave" ante los 80 agentes de la Guardia Civil, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de los miembros de las unidades de Tráfico.