Si bien inicialmente se informó que la familia procedía de la Comunidad de Madrid, ahora se aclara que su procedencia es guadalajareña, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL),.

El alto tribunal ha señalado que el juzgado abulense ha acordado la libertad provisional de los progenitores, con obligación de comparecer cuando el órgano judicial competente lo requiera, a la vez que les ha impuesto una orden alejamiento de sus hijos, de 10 y 13 años, así como la prohibición de comunicarse con ellos.

Los pequeños se encuentran tutelados por la Junta de Castilla y León en un centro de Ávila, donde se encuentran "bien atendidos", según la Administración autonómica.

El alto tribunal señala que el matrimonio, que admitió los malos tratos a sus hijos, señalando que era su "manera de educar", está siendo investigado por un delito de "maltrato físico habitual en el ámbito de la violencia doméstica".

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha dictado un auto de inhibición a los Juzgados de Guadalajara, teniendo en cuenta que los hechos supuestamente sucedieron en una localidad de dicha provincia, si bien inicialmente se habló de una localidad madrileña.