Estas declaraciones que llegan después de que la plataforma y la Asociación Vive el Valle del Corneja denunciaran el incumplimiento de la ley por parte de la empresa Cerro el Rocil, filial del grupo Cosentino, al realizar las primeras catas para abrir una mina de cielo abierto en tres pueblos de la zona: El Mirón, Becedillas y Malpartida de Corneja.

En este sentido, las plataformas aseguraron que, aunque el permiso de investigación ha sido otorgado tras la tramitación administrativa correspondiente por parte de Cerro el Rocil, existe un procedimiento contencioso-administrativo que se está tramitando en el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ávila, en el que se ha planteado una medida cautelar de suspensión que está en trámite de recurso. 

Por su parte, el delegado territorial de la Junta ha asegurado que “el permiso de investigación se ha concedido conforme a todos los trámites legales”, además de “haber sido impugnado en vía administrativa”, a raíz “de un recurso contencioso-administrativo”, solicitándose “como pieza separada la suspensión del acto administrativo. Es decir, del permiso de investigación, desestimado por la autoridad judicial”, ha asegurado Hernández. 

El recurso no genera la suspensión

Por lo tanto, ha asegurado el delegado que “si no existe una suspensión acordada judicialmente, la mera interposición de un recurso de acceso administrativo con una solicitud adicional de suspensión, no genera inmediatamente la suspensión”. 

“Es justamente lo contrario”, ha señalado Hernández Herrero. “La ley de la Jurisdicción del Contencioso Administrativo, y la Ley del procedimiento administrativo, declara la ejecutividad de ese permiso de investigación”, ha indicado. 

Algo que, según el delegado, no impide que el Ayuntamiento recaben todos los permisos, como tampoco es inconveniente “que el concesionario de ese permiso de investigación deba recabar la autorización para entrar, ingresar y tomar posesión de fincas de titularidad privada”. Por ello, “cree que hay que pedirle los informes correspondientes al Ayuntamiento y que se diriman las cuestiones fuera del ámbito de la Junta de Castilla y León”. 

La Ley de Minas obliga a tramitar

En este sentido, ha explicado que la Ley de Minas “los obliga a tramitar”, por ello “el resultado es conforme a los informes y a las alegaciones. Informes, en muchas ocasiones, de la Junta y en otros, de fuera de la Junta de Castilla y León”. 

Asimismo, ha hecho hincapié en que “no existe ningún interés” para que “prosperen los proyectos mineros”.