Estas entidades aseguran que la empresa Cerro el Rocil, filial del Grupo Cosentino, ha comenzado a efectuar las catas en Becedillas, El Mirón y Malpartida, “saltándose el procedimiento legal vigente” y que el delegado se ha pronunciado “sin tener la información actualizada”, puesto que aseguró que sí tenían permiso.

“Si bien el permiso de investigación ha sido otorgado tras la tramitación administrativa correspondiente por parte de Cerro el Rocil, como él comenta, y si bien los alcaldes de las localidades afectadas son conocedores de ello, por un lado existe un procedimiento contencioso-administrativo que se está tramitando en el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ávila, en el cual se ha planteado una medida cautelar de suspensión que está en trámite de recurso”, han explicado por parte de estas asociaciones.

Intervención de la Guardia Civil

Además de que “no existe permiso de los propietarios de las fincas en las que se pretendían hacer las catas, como ellos mismos han expresado, lo que ha sido motivo para que por la Guardia Civil obligara a la empresa a devolver la materia extraída. Tampoco se ha notificado previamente dichos trabajos ni a los propietarios ni a los ayuntamientos, y “tan solo llegó una comunicación de las tres necesarias, al Ayuntamiento de El Mirón, por parte de la empresa minera, de forma posterior al comienzo de las catas y sin que conste autorización alguna de la Sección de Minas, sobre todo teniendo en cuenta los propios los condicionantes, más de diez, que se les había impuesto en el otorgamiento”.

Ambos colectivos se han preguntado "quién protege" a los pueblos, a los habitantes del Corneja y a "todos los municipios afectados por la minería a cielo abierto en Castilla y León", así como a los ganaderos, agricultores y empresarios del sector turístico.

"Quien debe estar protegido es el medio rural, ese a quien los políticos tanto recurren cuando les hace falta recabar votos, pero del que se olvidan cuando los han conseguido", han señalado la plataforma y la asociación, cuyos responsables aseguran que "el medio rural está herido de muerte y la minería a cielo abierto sería la puntilla que aceleraría esta".

Propiedad privada

Hace una semana, vecinos de la zona impidieron algunos trabajos en esta zona, al creer que se trataba de acceder a unas fincas particulares y municipales "sin el consentimiento" de sus propietarios, mientras que algunos alcaldes denunciaron lo sucedido ante la Guardia Civil.

La Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja y la Asociación Vive el Valle del Corneja piensan que hasta que no haya "una resolución judicial firme" sobre este asunto, "no se pueden llevar a cabo los trabajos de investigación" en la zona.

A su juicio, la filial del Grupo Cosentino "se ha saltado el procedimiento legal vigente", al haber "vulnerado el procedimiento establecido en la Ley de Minas", teniendo en cuenta que "antes de hacer las catas, tendrían que haber tenido el permiso de los propietarios -algo que solo se ha producido en un caso-, atentando, contra el derecho constitucional a la propiedad privada".

Derechos

Ante estos hechos, tanto la plataforma como la asociación han sostenido que "el derecho de una empresa minera no puede estar por encima del derecho de los propietarios de unas fincas en las que se quieren ejercer unos trabajos de investigación, ni por encima de los derechos medioambientales, de la salud y de la propiedad de los habitantes de la zona".

Por ello, consideran que la Sección de Minas debe "hacer valer esos derechos" y "velar porque se cumpla la legalidad vigente", algo que consideran que "no se ha llevado a cabo" en el caso de Becedillas, Malpartida y El Mirón.