Situado en la calle Eduardo Marquina número 6, el edificio está declarado bien de interés cultural. Se trata de una subasta judicial en vía de apremio, sin puja mínima, para la que hay que presentar un depósito de 101.625 euros para participar con un plazo abierto hasta el 7 de diciembre. El edificio ya fue sacado a subasta en verano de 2019 por 1,5 millones de euros.

La subasta se lleva a cabo ante las deudas que la entidad, que cerró sus puertas a comienzos de 2019, mantiene con seis de sus antiguos trabajadores, por importe de 414.361,15 euros, entre las deudas (356.684,83) y los intereses de demora (57.676,32).

Según el Juzgado de lo Social, “si en la subasta no hubiera ningún postor, el acreedor puede, en el plazo de diez días, pedir la adjudicación del bien”, y, como es el caso, “si no se trata de la vivienda habitual del deudor, el acreedor puede pedir la adjudicación por el 50% del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos”-

Embargo

“Cuando el acreedor, en el plazo de 20 días, no hiciera uso de esa facultad, el letrado de la Administración de Justicia procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado”.

También se indica que “la Administración podrá ejercitar el derecho de adquisición preferente en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de la notificación del precio de remate por el órgano competente para su ejercicio”.

A comienzos de mes la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, dijo en las Cortes que la situación patrimonial de la entidad “permite mantener esperanzas” de su viabilidad, si bien afirmó que es el Consejo de Cámaras de Castilla y León y los empresarios abulenses los que deben dar "los pasos necesarios" para que vuelva a funcionar la entidad cameral.