Así se ha expresado Amigo al ser preguntada durante el pleno de las Cortes por el procurador socialista abulense, Miguel Hernández, acerca de las actuaciones que tiene previstas en relación a la institución cameral abulense.

En este contexto, ha señalado que teniendo en cuenta que su situación patrimonial es mayor que su pasivo, se puede pensar en su "viabilidad" y "futuro", si bien ha precesado que es el Consejo de Cámaras de Castilla y León, y los empresarios abulenses son los que debe dar "los pasos necesarios" para que vuelva a funcionar la entidad cameral.

En su intervención, la consejera ha criticado que fuera en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que eliminase el recurso cameral, lo que "ha producido que muchas cámaras tengan verdaderos problemas financieros". No obstante, ha insistido en que la situación patrimonial de la abulense "permite mantener esperanzas".

Falta de control

Por su parte, Hernández ha achacado a la "falta de control" de la Junta la situación de la Cámara de Comercio de Ávila, a la que ha dado por "muerta y enterrada" y a cuyos antiguos trabajadores "se les debe parte de sus salarios". Sobre la situación del edificio que albergó su sede y la paralización de su subasta, Amigo ha apuntado que las Administraciones públicas no pueden entrar en procesos de subastas ni pueden adquirir directamente el edificio.

El procurador ha reclamado la intervención de la Dirección General de Comercio para que los extrabajadores de la entidad perciban los salarios que se les adeuda y para que se elabore un plan de viabilidad que permita a la institución cameral retomar su actividad.

El parlamentario ha recordado que, el pasado junio, el Consejo de Cámaras de Comercio, Industrias y Servicios de Castilla y León puso de relieve el papel esencial de las cámaras en el desarrollo de la Comunidad pero la Junta “sigue sin trabajar con la determinación que la situación requiere cuando la tutela de la entidad cameral corresponde a la Administración regional.

A su juicio, es preocupante que los trabajadores de la institución cameral tengan todavía pendiente de cobro sus salarios, cuya cantidad asciende en total a 400.000 euros, y que aún no se haya acometido un plan para que la institución pueda reanudar sus actividades de apoyo al emprendimiento y competitividad empresarial y sus acciones de formación y empleo.

Hernández ha significado que en septiembre se firmó un protocolo de colaboración con el Consejo de Cámaras para movilizar tres millones para apoyar las funciones esenciales de las cámaras, como el fomento del espíritu emprendedor, el apoyo a la sucesión de empresas, la formación,  el asesoramiento y el impulso a la exportación.

Según el procurador, resultaría muy perjudicial para los intereses de Ávila que, debido a la situación de la Cámara de Comercio, la provincia quedara al margen de dichas actuaciones, por lo que ha insistido en la necesidad de que desde la Junta se actúe con urgencia para dar una solución al problema suscitado.