El estatuto cántabro-castellano: el proyecto que pudo cambiar el mapa autonómico de la Castilla del Norte

El reciente hallazgo en el Archivo General Militar de Ávila, por parte del colectivo asturiano de historiadores La Trókola, del proyecto de autonomía astur-leonesa ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión apenas recordada: la existencia, durante la Segunda República, de propuestas territoriales que desbordaban ampliamente los límites de las actuales comunidades autónomas. Entre ellas destaca el Estatuto Cántabro-Castellano, la iniciativa autonomista más ambiciosa formulada en la Castilla del norte.

 

Los defensores de ambos proyectos compartían una misma convicción: no debía sustentarse en la invención de supuestas identidades medievales, sino en la existencia de vínculos históricos, económicos y sociales que articulaban espacios más amplios que las provincias. A su juicio, la organización de Asturias y León, de Cantabria y Castilla, o incluso de Euskadi y Navarra en entidades de mayor dimensión permitiría defender con más eficacia los intereses de sus respectivos territorios, dotarlos de una mayor capacidad de influencia frente al Estado y superar las limitaciones del regionalismo estrictamente provincial.

 

La sublevación militar del 18 de julio y la Guerra Civil truncaron aquel proceso. De haber prosperado, podría haber dado lugar a una configuración territorial muy distinta que el actual de las comunidades autónomas de Castilla y León, Cantabria y La Rioja con origen en la convulsa Transición. Esta es la historia de aquel proyecto de Estatuto Castellano.

 

Los antecedentes históricos

Hay que remontarse al siglo XIX, época en la que surgen los movimientos emancipatorios europeos, para encontrar los antecedentes del espíritu federal castellanista en Cantabria. Durante el Sexenio Democrático (1868-1874) comenzó a configurarse en Cantabria una corriente política que vinculaba la memoria de los Comuneros con el republicanismo federal, el autogobierno y la defensa de las clases populares. Su principal referente fue José María Orense, natural de Laredo, miembro de la burguesía mercantil cántabro-castellana, veterano revolucionario y dirigente del federalismo intransigente, que convirtió la tradición comunera en uno de los pilares de su proyecto democrático. La firma del Pacto Federal Castellano de 1869, inspirada en esta lectura de la historia de Castilla, reivindicó explícitamente a Padilla, Bravo y Maldonado como símbolos de la libertad frente al centralismo. Este movimiento encontró eco en Cantabria, donde los comités de los republicanos federales de las distintas localidades cántabras reafirmaron su adhesión al pacto (La Abeja Montañesa, 22 de julio de 1869).

 

Durante la Restauración, Pi y Margall mantuvo viva esta herencia, escenificada en actos celebrados en Cantabria donde el pendón morado de Castilla compartía protagonismo con los símbolos de Santander como expresión del pacto federal castellano. Fue también entonces cuando Pi y Margall dejó escrita una de las reflexiones más conocidas sobre las Comunidades: “Castilla fue entre las naciones de España la primera que perdió sus libertades; las perdió en Villalar frente al primer Rey de la Casa de Austria”.

 

Tras la muerte de Pi y Margall en 1901 el Directorio Republicano Federal, defendió el autonomismo federal, una organización asentada en regiones históricas, imaginando una representación de “gallegos, asturianos, vascos, castellanos, extremeños, leoneses, navarros, catalanes, aragoneses, valencianos, murcianos, andaluces, canarios y baleares” (El Liberal, 13 de enero de 1902). La ausencia de cántabros, riojanos o madrileños, reflejaba una concepción territorial heredera de las regiones históricas, del pactismo federal y alejada de cualquier planteamiento provincialista.

 

Otro hito de pactismo territorial se produjo los días 5 y 6 agosto de 1902, cuando por iniciativa de los alcaldes de Santander y de Liendo (Cantabria), representantes de capitales como Valladolid, Burgos, Palencia, Zamora, Segovia y Santander, junto con delegados de numerosas villas de la Meseta norte y la Montaña, entre ellos Olmedo, Peñafiel, Cuéllar, Reinosa, Ramales, Villacarriedo, Santoña o Laredo, así como las adhesiones de localidades tan dispares como Tordesillas, Castro Urdiales, Villacastín, Aranda de Duero, Belorado, Toro o Potes, constituyeron en asamblea la Asociación de Ayuntamientos Castellanos. La nueva entidad estaba destinada a defender intereses comunes de las once provincias de Castilla la Vieja y León (El Cantábrico, 7 de agosto de 1902; Diario de Burgos, 8 de agosto de 1902).

 

Aunque fue una iniciativa impulsada por alcaldes monárquicos, la prensa republicana interpretó la asamblea como un primer paso hacia la recuperación de las libertades municipales y una futura federación de concejos, destacando además la posibilidad de que estas iniciativas actuasen como una suerte de referéndum popular frente al poder central (El Baluarte, 11 de agosto de 1902).

 

Esta tradición castellanista reapareció con fuerza en torno a los actos del IV centenario de Villalar y de las Comunidades de Castilla. Por iniciativa del concejal santanderino Rufino Pelayo, el Ayuntamiento de Santander instaló en 1920 una placa en honor de los Comuneros de Castilla en el salón de plenos municipal y se promovió una conmemoración conjunta con el resto de los ayuntamientos castellanos (El Cantábrico, 23 de abril de 1920; La Montaña, 7 de agosto de 1920).

 

Rufino Pelayo defendió una Castilla descentralizada y autonomista, consideró a su Cantabria natal parte de las “Comunidades regionales de Castilla” (El Cantábrico, 14 de septiembre de 1920) y mostró una activa solidaridad con el catalanismo, adhiriéndose a la Diada de Cataluña. Su compromiso simultáneo con la causa de las libertades comuneras y con las reivindicaciones catalanistas lo convirtió en una figura singular dentro del primer castellanismo político, lo que llevó a la prensa republicana catalana a definirlo como un “nacionalista castellano” (El Diluvio, 8 de septiembre de 1921).

 

Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera, y al amparo del Estatuto provincial promovido por la dictadura, en Cantabria las alternativas en discusión aparecían claramente definidas. Entre los partidarios de una autonomía político-administrativa tradicionalista y exclusivamente cántabra, figuraban dirigentes ya conocidos por haber defendido esa opción con anterioridad, como Fuentes Pila, ferviente partidario de la dictadura de Primo de Rivera en 1923, quien reivindicaba la afirmación de la personalidad regional de Cantabria; o García Venero que en 1927 había impulsado, con escaso éxito, la creación de un Partido Provincialista y que en 1932 propuso, sin apenas respaldo, la unión de Cantabria y Asturias bajo un mismo estatuto de autonomía.

 

El autonomismo al llegar la Segunda República

Nada más proclamarse la Segunda República, el Ayuntamiento de Soria, con el apoyo del de Segovia, impulsó una propuesta de autonomía castellana de inspiración federal, sin mencionar a León (El Noticiero de Soria, 27 de abril de 1931; El Adelantado de Segovia, 14 de mayo de 1931). Peticiones similares para la autonomía de Castilla secundarían un buen número de localidades burgalesas, instando a la Diputación Provincial para iniciar la tramitación (Diario de Burgos, 5, 21, 23 y 29 de mayo de 1931).

 

En Cantabria la postura más numerosa fue la de los que plantearon, de una forma u otra, la integración de fórmulas autonomistas castellanas. Jesús de Cospedal defendió la creación de un “Cantón Federal de las Montañas de Burgos”, inspirado en el federalismo de Pi y Margall y en los cantones suizos, que agruparía a varias provincias castellanas para reforzar su posición económica y política (El Cantábrico, 5 de mayo de 1931). Por su parte, el torrelaveguense Manuel Ruiz de Villa, diputado republicano, rechazó tanto el “cantabricismo” como una adhesión acrítica a Castilla la Vieja, aunque consideró que, si se implantaba un sistema federal, Santander debía vincularse preferentemente con Burgos, Palencia y Valladolid por razones geográficas y económicas (El Cantábrico, 7 de mayo de 1931).

 

A su vez, Víctor de la Serna, aún en posiciones liberales previas a su deriva falangista, defendió la elaboración democrática de un Estatuto para Castilla y la necesidad de debatir la posible constitución de una Mancomunidad o un Estado de Castilla Septentrional (El Cantábrico, 14 de mayo de 1931). Ante una España federable, el poeta cántabro José del Río Sáinz (Pick) llamó a formar la “mancomunidad de los comuneros”, una alianza de Santander y las dos Castillas basada en la fraternidad histórica forjada en la revuelta comunera (La Voz de Cantabria, 29 de agosto de 1931).

 

En la primavera de 1932, la intelectual republicana Consuelo Berges (nacida en Ucieda, Cantabria) escribió el artículo titulado “Castilla, terra incógnita”, un texto que consolida su pensamiento castellanista y desarrolla una crítica a las visiones que han contribuido a anular el contorno concreto de Castilla como entidad. Consuelo Berges atribuye esta distorsión a la literatura, y en particular a la literatura de paisaje, que “le quitó el mar a Castilla”, imponiendo una imagen de tierra árida, continental y sin litoral. Consuelo Berges abogó por impulsar la conciencia común de castellanía para un proyecto republicano que una a “riojanos, montañeses, sorianos, burgaleses, toledanos, etc.”. Su reivindicación de un Estatuto castellano se presenta como una necesidad para que Castilla recupere su lugar como región viva articulada políticamente (El Día, 1 de abril de 1932; El Radical, 17 de mayo de 1932).

 

Meses después, José del Río Sáinz (Pick) criticó las tesis provincialistas de Maximiano García Venero, señalando que una mancomunidad entre Asturias y Cantabria basada en una supuesta “Cantabria imperial” se apoya en una interpretación arbitraria y poco rigurosa de los límites históricos y geográficos de la antigua Cantabria, ya que ni toda Asturias ni toda la provincia de Santander formaron parte de esa Cantabria histórica. Pick reforzó su argumento señalando que, si bien existen diferencias entre los castellanos de distintas provincias, estas no son mayores que las que existen dentro de otras regiones como el País Vasco o Cataluña: “Quién duda que el vasco del condado de Treviño, en Álava, no es lo mismo que el vasco de Ondárroa o de Bermeo, y que el catalán de las barriadas industriales de Barcelona tiene otra ideología y otras costumbres que el payés de Lérida o que el ribereño del Ebro? Y, sin embargo, nadie se ha atrevido a discutir a alaveses y a vizcaínos, y a catalanes de todas las distintas partes de Cataluña el derecho a reunirse para obtener un Estatuto común a todos” (La Voz de Cantabria, 4 de octubre de 1932).

 

En noviembre de 1932 en una conferencia en Santander a propósito de la cuestión autonomista, el intelectual cántabro Enrique Diego-Madrazo abogó por una “Confederación de la península ibérica” y un Estatuto de Castilla “que abarcara las circunscripciones de entre ambas Castillas (la Vieja, con el reino de León, y la Nueva)” (La Voz de Cantabria, 10 de noviembre de 1932). Meses después, Diego-Madrazo proclamó que “Si Castilla cayó en Villalar, y Aragón pagó con la cabeza de su Justicia, y Valencia con sus Germanías, todos estamos en pie con más previsión y convencimiento de nuestro valer” (La Región, 13 de abril de 1933).

 

En otro artículo titulado “¡Viva Castilla y la Montaña!”, ante la multitudinaria manifestación bajo el lema “Santander, puerto de Castilla”, Diego-Madrazo afirmó que “Castilla despierta de su letargo y resucita con sus comunidades y sus comuneros” y que “la revolución la hará Castilla y siempre Castilla” (La Región, 15 de abril de 1933). Por último y desde sus convicciones republicanas y de izquierdas, el Dr. Madrazo reivindicó la memoria de las Comunidades castellanas como estímulo para despertar la conciencia regional autonómica. La derrota de Villalar afirmó, permanece en el corazón del pueblo, y el recuerdo de los Comuneros debe servir para reactivar el espíritu democrático y libertario de Castilla (Castilla Industrial y Agrícola, 1 de junio de 1933).

 

La Diputación de Santander, presidida por Gabino Teira, acordó consultar a las diputaciones de las provincias de Castilla la Vieja para elaborar un “Estatuto de Castilla” (El Avisador Numantino, 17 de septiembre de 1932), iniciativa respaldada por el dirigente del PSOE Bruno Alonso, quien defendió la autonomía de Santander asociada a otras provincias castellanas y destacó la importancia del puerto santanderino para la economía de Castilla (La Voz de Cantabria, 24 de septiembre de 1932).

 

Poco después, el arquitecto y concejal republicano Deogracias Mariano Lastra en una conferencia en el Círculo Mercantil rechazó la unión con Vizcaya y Asturias por intereses antagónicos y defendió, por solidaridad y visión de futuro, una alianza castellana en la que citaba a Madrid, Burgos, Toledo, Ávila o Valladolid (La Voz de Cantabria, 12 de noviembre de 1932).

 

De forma oficial e institucional, la Diputación de Santander, con el republicano de izquierdas Gabino Teira como presidente, presentó una propuesta para consultar a las diputaciones de Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid para elaborar un estatuto para la región castellana del norte (Boletín Oficial de la Provincia de Santander, 14 de noviembre de 1932).

 

Gabino Teira rechazó, tanto un Estatuto exclusivamente cántabro como una unión con Asturias, al entender que provocaría rivalidad portuaria y duplicación de funciones económicas. Asimismo, justificó la inclusión de Logroño por “razones históricas y castellanistas”, defendió una política de unificación de Castilla alejada de los localismos y reclamó un estatuto práctico y funcional elaborado con la colaboración de expertos y entidades económicas (La Voz de Cantabria, 30 de octubre de 1932). En definitiva, la propuesta de una “Castilla del Norte” articulada en torno a Cantabria se consolidó como una de las principales alternativas regionales.

 

El debate se extendió a todos los ámbitos del castellanismo de izquierdas. En la portada de La Region, diario de izquierdas de Santander, Ramiro de la Fuente recogió el legado de los Comuneros y lo proyectó hacia el presente republicano, llamando a despertar a la juventud y a las clases populares (La Región, 8 de noviembre de 1932). En un plano más institucional, el alcalde republicano de Santander, Eleofredo García defendió, en el lanzamiento de Castilla Industrial y Agrícola, una profunda transformación basada en el desarrollo industrial, comercial y agrícola de Castilla como base de su futura autonomía (Castilla Industrial y Agrícola, número 1, enero de 1933).

 

Por su parte el santanderino José Luis García Obregón, abogado de los obreros, propuso crear una Liga Regionalista Montañesa como paso previo para crear la Liga Regionalista Castellana, y la preparación de candidaturas regionalistas capaces de defender los intereses de la Montaña dentro de un proyecto castellano común (La Voz de Cantabria, 28 de marzo de 1933). García Obregón consideraba que el principal obstáculo para el regionalismo era la apatía política de Castilla, agravada por los intereses partidistas y personales de las élites, defendía un regionalismo liberal y progresista, y sostenía que debía ser dirigido por la ciudadanía, es decir por los montañeses, a los que definió como “los castellanos del litoral” (La Voz de Cantabria, 14 de abril de 1933; La Voz de Cantabria, 9 de mayo de 1933).

 

El 7 de abril de 1933, más de 30.000 personas se manifestaron en Santander bajo el lema “Santander, puerto de Castilla” en protesta por la paralización del proyecto del ferrocarril Santander-Mediterráneo. La movilización, liderada por el alcalde republicano Eleofredo García, expresó el descontento ante el abandono gubernamental y reafirmó la vinculación histórica y económica con Castilla (La Voz de Cantabria, 6 y 8 de abril de 1933). Un comunicado de los obreros de la CNT sostenía que, por razones geográficas y económicas, Santander constituía el puerto natural de Castilla y debía estar unida al interior mediante una conexión ferroviaria directa (La Voz de Cantabria, 12 de abril de 1933).

 

Por su parte, el intelectual cántabro Enrique Diego-Madrazo defendió la unidad de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, rechazó proyectos regionales alternativos como una región manchega separada y sostuvo que la autonomía castellana debía asentarse en criterios geográficos, económicos y culturales sólidos. Para Diego-Madrazo, Castilla debía constituirse como una región amplia y cohesionada, capaz de desempeñar un papel relevante en una futura Confederación Ibérica (Castilla Industrial y Agrícola, 1 de julio de 1933).

 

El protagonismo de Santander en el autonomismo castellano era evidente. En el verano de 1935 el doctor Wenceslao López Albo defendió la conversión de Santander en una gran ciudad universitaria apoyándose en el prestigio y las capacidades de la Casa de Salud de Valdecilla. Propuso la creación de una Universidad de Castilla la Vieja, destinada a corregir la carencia de una institución universitaria propia de esta región histórica y a reforzar su desarrollo científico y cultural, recordando que Castilla la Vieja había perdido instituciones universitarias históricas como las de El Burgo de Osma y Ávila, y advertía que Santander podía obtener una Facultad de Medicina en competencia con Bilbao (El Cantábrico, 17 de agosto de 1935).

 

En un acto de apoyo al ferrocarril Santander-Mediterráneo celebrado el 1 de diciembre de 1935 en el Teatro Pereda de Santander, el presidente de la Diputación de Santander, Gabino Teira, afirmó que “sí puede hablarse de castellanismo para cantar la cordialidad. Y nosotros somos también una provincia de Castilla por sus raíces y por su tendencia. Y en esta Castilla, Santander y Burgos se aman con verdadero amor fraternal”. Por su parte, el escritor José del Río Sáinz (Pick) calificó aquella movilización como unas “Nuevas Comunidades castellanas”. En su opinión “El pleito del ferrocarril ha servido para sacar a los castellanos de su atávico individualismo y crear las nuevas comunidades, que arrancan en línea recta de las que quedaron ahogadas en la sangre de Villalar” (La Voz de Cantabria, 3 de diciembre de 1935).

 

El estatuto cántabro-castellano

Paradójicamente, la propuesta más ambiciosa surgida durante aquel intenso ciclo autonomista no era nueva. Había sido elaborada en 1932 por el Partido Republicano Federal, pero el agitado devenir político de los años siguientes la había condenado al olvido. Su recuperación llegó de la mano de Antonio Orallo, portavoz de esta formación federalista y autonomista, ya denominada entonces Partido de Izquierda Federal de Santander, que se reclamaba heredera del pensamiento de Pi y Margall.

 

Mediante una nota de prensa publicada a finales de mayo de 1936, Antonio Orallo trató de llamar la atención de la opinión pública sobre la existencia de un proyecto de Estatuto Cántabro-Castellano plenamente adaptado a la Constitución vigente. No obstante, el alejamiento de la Constitución respecto de las soluciones federales y su articulación a través de la fórmula del Estado integral dificultaba su acomodo.

 

Pese a ciertas interpretaciones actuales procedentes de ámbitos cantabristas, conviene reseñar que las intenciones de este proyecto eran claramente castellanistas. Hay datos relevantes que parecen confirmar esta tesis: la denominación dada al Estatuto, la invitación de Orallo a marchar de la mano con Castilla o las consultas institucionales iniciadas con otras provincias de Castilla la Vieja apuntan en esta dirección. Desde esta perspectiva llevaba implícita la negación de la simple absorción en Castilla defendida por el sector conservador y tradicionalista. Si bien ni los federales ni la Diputación Provincial que intervinieron en las conversaciones sobre el Estatuto, expresaron ningún interés o discurso retórico sobre la naturaleza de una Cantabria autónoma.

 

El horizonte político que vislumbraba el proyecto no se orientaba hacia la consolidación de Cantabria, como autonomía, sino hacia su inserción en una región castellana en la que el provincialismo de Santander encontraba adecuado acomodo. Esta tentación autonomista del federalismo montañés, en línea con su tradición secular, apostaba por Castilla como uno de los Estados de la España federal, legitimado por la historia y por los intereses materiales que nutrían las bases sociales del federalismo.

 

El 28 de mayo de 1936, Antonio Orallo Sánchez, en nombre del Partido de Izquierda Federal de Santander, reivindicó el Estatuto Cántabro-Castellano aprobado por las asambleas federales en 1932. Inspirándose en el federalismo pactista de Pi y Margall, defendió que “Cantabria con Castilla tienen que recobrar su personalidad histórica, económica y geográfica”, y lamentó que las ideas autonomistas hubieran quedado relegadas por la necesidad de sostener el régimen republicano. Orallo destacó además las ventajas económicas del Estatuto para Santander como puerto natural de Castilla (El Cantábrico y La Región, 28 de mayo de 1936).

 

Lo que se planteaba era un proceso inverso de construcción territorial respecto al modelo provincial vigente. La “Declaración preliminar” justificaba esta propuesta por la inadecuación de las demarcaciones provinciales y defendía la incorporación progresiva “de abajo a arriba”, “del cantón a la federación”. Se trataba de una formulación que remitía directamente a las lógicas federales pactistas defendidas por el republicanismo federal histórico, tradicionalmente contrario al marco provincial impuesto por el Estado liberal.

 

El proyecto concebía así un itinerario que partía del Cantón Regional de Santander y de los municipios limítrofes de Burgos y Palencia incluidos en el “Estatuto Regional”, para culminar en una federación abierta al resto de las provincias de Castilla la Vieja bajo la denominación de “Estado Cántabro-Castellano”. De ahí el nombre adoptado: “Proyecto de Estatuto Regional del Estado Cántabro-Castellano” y su declaración preliminar centrada en el ámbito más inmediato.

 

El Estatuto Cántabro-Castellano tuvo pronto respaldo institucional. El 9 de junio de 1936 la Diputación de Santander, presidida por Ruiz Olazarán, acordó aceptar y estudiar el proyecto, considerando incluso la posibilidad de asumirlo como iniciativa propia para impulsar su tramitación. Ese mismo día, representantes de organizaciones como la CNT, la Federación Local de Sindicatos, el Partido Comunista, Unión Republicana y el Partido Republicano Radical Socialista, debatieron el texto en el Centro Federal de Santander y manifestaron una acogida favorable (La Voz de Cantabria, 10 de junio de 1936; La Región, 12 de junio de 1936).

 

Pocos días después, la Diputación santanderina decidió encabezar la campaña para llevar el Estatuto Cántabro-Castellano a plebiscito, una vez consultadas las restantes provincias castellanas (Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid). La propuesta fue remitida a la comisión promotora constituida en Burgos, instándola a acelerar los preparativos para una futura asamblea interprovincial (La Voz de Cantabria y La Región, 16 de junio de 1936; Diario de Burgos y El Día de Palencia, 17 de junio de 1936).

 

El proceso del Estatuto Cántabro-Castellano alcanzó un nuevo impulso el 12 de julio de 1936, cuando una delegación institucional de Burgos, encabezada por el alcalde Luis García Lozano, se desplazó a Santander para coordinar acciones con la Diputación y el Ayuntamiento santanderinos. Ambas partes coincidieron en la necesidad de acelerar la obtención de un Estatuto para Castilla la Vieja, en condiciones semejantes a las ya reconocidas a Cataluña y a las previstas para el País Vasco y Galicia (La Voz de Cantabria, 13 de julio de 1936).

 

Desde Santander se observaba con satisfacción la existencia de dos grandes propuestas autonomistas, el Estatuto Castellano-Leonés y el Estatuto Cántabro-Castellano, destacando de este último el estudio detallado de la cuestión hacendística y financiera (El Cantábrico, 30 de junio de 1936). Pocos días después, el mismo diario defendió que la autonomía castellana no debía interpretarse como una cuestión partidista, sino como una reivindicación regional legítima. Recordaba que el proyecto más desarrollado en Santander era precisamente el Estatuto Cántabro-Castellano impulsado por los federalistas, y denunciaba los intentos de identificar el autonomismo castellano exclusivamente con la derecha (El Cantábrico, 2 de julio de 1936).

 

Mientras tanto, la prensa santanderina de izquierdas, erigiéndose en portavoz de “las izquierdas castellanas”, mostró ciertas reticencias ante el repentino autonomismo asumido por la CEDA y materializado en su nuevo apoyo al “Estatuto de Castilla-León” (La Región, 23 de mayo de 1936). Desde otros sectores se sostenía que quienes habían combatido la autonomía catalana durante el bienio anterior difícilmente podían presentarse ahora como defensores sinceros del regionalismo. A su juicio, en unas provincias todavía dominadas por redes caciquiles, un estatuto promovido por las derechas corría el riesgo de convertirse en un instrumento para preservar privilegios antes que para ampliar libertades.

 

Estas mismas reservas afloraron también en el debate sobre el ámbito territorial de la futura autonomía. El diputado republicano soriano Benito Artigas Arpón defendió la elaboración de un estatuto para Castilla la Vieja, excluyendo expresamente a León, y criticó el proyecto castellanoleonés al considerar que respondían a intereses de la derecha. En su opinión, Castilla la Vieja tenía entidad suficiente para constituirse por sí sola en una región autónoma dentro de la República (La Libertad, 4 de junio de 1936).

 

La misma desconfianza hacia el autonomismo impulsado por las derechas se manifestó también en otros sectores del republicanismo castellano. Pocos días antes del golpe militar de julio de 1936, la prensa republicana publicó el artículo “El Estatuto de Castilla”, firmado por J.I.O., en el que se reprochaba a las derechas castellanas su reciente conversión al autonomismo tras haber defendido tradicionalmente posiciones centralistas. La crítica alcanzaba también al profesor Misael Bañuelos y a una concepción de la Castilla autónoma, identificada con Castilla y León, que el articulista consideraba anclada en el pasado. Desde una perspectiva republicana y de izquierdas, sostenía que los verdaderos problemas de Castilla no eran territoriales, sino sociales: la pobreza campesina, la estructura de la propiedad agraria y el caciquismo. Frente a un castellanismo nostálgico de la “Castilla imperial”, reivindicaba un Estatuto para una Castilla democrática y popular, cuyo futuro debía asentarse sobre una profunda transformación social (El Liberal, 23 de julio de 1936).

 

Estas críticas reflejaban una creciente identificación del proyecto de Estado Cántabro-Castellano, heredero de la tradición federal y pactista del republicanismo, parecía contar con una acogida más favorable entre amplios sectores de la izquierda castellana. Así, en vísperas de la Guerra Civil, ambos proyectos autonómicos representaban no solo diferentes concepciones territoriales de Castilla, sino también sensibilidades políticas cada vez más diferenciadas.

 

Finalmente, los debates sobre la autonomía castellana de los años treinta anticiparon discusiones que reaparecerían décadas después bajo formas diferentes. Como señaló el historiador Xosé Manoel Núñez Seixas en “Provincia, región y nación en la España contemporánea: Una (re)interpretación global en perspectiva comparativa” (2006):

 

“Con componentes de tensión: las Comunidades Autónomas de nueva planta, su política simbólica y cultural, así como sus políticas educativas, se convirtieron en un precioso laboratorio de pruebas para la reinvención de identidades mesoterritoriales (algunas de ellas ciertamente inventadas en el sentido clásico del término: La Rioja, Cantabria…). Y el interés del territorio se convierte en una metáfora del interés general, particularmente cuando lo que está en juego es defender la simetría de la estructura territorial del Estado”.

 

Quizá por ello, aquellos proyectos frustrados de autonomía no deban contemplarse como una página olvidada de la Segunda República, sino también como uno de los primeros capítulos de un debate sobre Castilla, su identidad y su encaje territorial que, de una u otra forma, aún permanece abierto. Al fin y al cabo, el actual diseño autonómico nació de una coyuntura histórica muy concreta, recién salidos de una dictadura y fruto de unas concesiones del Reino, en el que unas élites políticas, de derecha a izquierda, operaron al servicio de los intereses del Estado y la monarquía.