Del Viernes, 18 de Septiembre de 2026 al Miércoles, 23 de Septiembre de 2026
Cerca de 5.000 agricultores y ganaderos de la provincia de Ávila comienzan a recibir este miércoles el anticipo de las ayudas directas de la PAC de 2026. El pago supone el 75% de estas ayudas y convierte a Castilla y León en la primera comunidad autónoma de España en abonarlas este año.
Los 4.904 beneficiarios abulenses forman parte de los 48.638 agricultores y ganaderos de Castilla y León incluidos en este primer pago, que moviliza 575.890.055 euros y alcanza a más del 90% de los potenciales perceptores de las ayudas.
El anticipo se produce además antes de lo habitual. Según el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, es la primera vez que Castilla y León abona estos fondos en septiembre y la Comunidad es la primera de España en efectuar el pago de la campaña de 2026.
"Somos la primera comunidad en pagar lo que son los fondos de la PAC, el 75 %", ha asegurado el consejero en el marco del del Concurso-Subasta Nacional de la raza Avileña-Negra Ibérica desarrollado este miércoles en el Lienzo Norte.
El dinero llega en un momento especialmente relevante para las explotaciones agrícolas de Ávila y del resto de la Comunidad, coincidiendo con los preparativos de la sementera y con los gastos en semillas, fertilizantes, gasóleo y otros insumos necesarios para afrontar la nueva campaña: "Para dotar de liquidez a agricultores y ganaderos en un momento tan crucial como es este, especialmente para los agricultores, porque comienzan los gastos de la sementera", ha indicado este miércoles.
Campaña complicada de cereal
El anticipo se produce tras una campaña marcada por una fuerte reducción de la cosecha de cereal en Castilla y León. Las estimaciones de la consejería sitúan la producción de cereal de invierno en 4,90 millones de toneladas, un 41,8% menos que en la campaña anterior, mientras que la superficie sembrada se habría reducido un 13%.
A la reducción de la cosecha se suman los costes de producción y los precios del cereal. Los cálculos de la Consejería sitúan las pérdidas entre 200 y 400 euros por hectárea en el cereal de secano para el conjunto de Castilla y León.
Pino ha vinculado el adelanto de las ayudas con las necesidades económicas que afrontan las explotaciones antes de comenzar la siguiente campaña.
El pago alcanza también a las explotaciones ganaderas. En este caso, la consejería señala entre las dificultades el encarecimiento de los factores de producción y, en determinadas zonas, la falta de pastos, que obliga a complementar la alimentación de los animales.
Qué ayudas comienzan a cobrarse
De los 575,9 millones de euros que se abonan en Castilla y León, 514,5 millones corresponden a ayudas por superficie. El anticipo incluye la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo, el complemento para jóvenes agricultores, los ecorregímenes y diferentes ayudas asociadas a producciones como las legumbres, las proteaginosas o la remolacha.
También se adelantan las ayudas asociadas al vacuno extensivo de carne, la producción de leche de vaca y los sectores ovino y caprino. Queda pendiente el vacuno de cebo porque todavía no se dispone de los datos necesarios para determinar los animales subvencionables.
Los agricultores y ganaderos de Ávila que no hayan entrado en este primer pago todavía pueden incorporarse a los siguientes. Los expedientes con trámites o comprobaciones pendientes podrán incluirse en un nuevo anticipo previsto para la segunda quincena de octubre.
Futura PAC a debate
El pago de las ayudas de 2026 coincide con el debate sobre la Política Agraria Común que deberá aplicarse a partir de 2028.
Castilla y León defiende que la PAC conserve un presupuesto propio y reclama reducir las cargas administrativas que soportan las explotaciones. También plantea controles basados en el riesgo y mecanismos que permitan corregir errores antes de imponer sanciones cuando no exista fraude.
En materia comercial, la Comunidad reclama además que los productos importados de terceros países estén sujetos a exigencias equivalentes a las que deben cumplir los agricultores y ganaderos europeos.




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