La Junta prepara su personación en la causa por el incendio

El delegado territorial de la Administración autonómica, José Francisco Hernández, ha hablado de este asunto después de que el miércoles la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ávila anunciase la apertura de diligencias previas para investigar el incendio forestal que se inició el 22 de julio y arrasó cerca de 38.000 hectáreas. Ya en julio, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció en Navaluenga, durante la visita que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Gobierno autonómico se personaría como acusación contra quien fuera responsable del fuego.

Preguntado si la Junta se ha personado ya en esas diligencias previas, Hernández no ha aclarado si ya se ha practicado la personación: "Si no nos hemos personado, estamos en trámites de personación. Hemos estado también expectantes para que estas diligencias se incoaran”. Asimismo, ha indicado que la “prioridad” del Gobierno autonómico “siempre ha sido atender el incendio”, ya que las labores de control y extinción son “prioritarias”.

“Evidentemente, con carácter inmediato, las consecuencias legales, jurídicas, económicas de un incendio tienen que ser atendidas también por la administración que tiene la competencia en la materia de incendios forestales”, ha añadido, antes de afirmar que se han dado “indicaciones a los servicios jurídicos para la personación, para conocer las actuaciones y, en su caso,  también ejercer la acción pública que nos corresponde, fundamentalmente, para el esclarecimiento de los hechos”.

Responsabilidades

“Por un lado, tendremos, si existe,  una responsabilidad penal y, posteriormente, la responsabilidad civil dimanante de esa posible responsabilidad penal”, ha explicado el delegado territorial de la Junta, que “defiende los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, de los ciudadanos abulenses”.

Al respecto, ha apuntado que, de existir algún tipo de responsabilidad civil, consistente en una restitución del penal, lo que hace la Junta es “reivindicarla y solicitarla”, de manera que, “en el caso de que sea reconocida,  aplicar esos recursos a la regeneración y  reforestación del monte”.
 

Tras recordar las 44 medidas diseñadas por el Gobierno autonómico, Hernández ha hablado de la necesidad de actuar “con carácter inmediato” en la zona afectada por el fuego, a través de recursos económicos. No obstante, ha apuntado que la Administración autonómica “no va esperar, en ningún caso, a que el juicio, que puede llevar años, pues avance y tengamos sentencias…”.

Después de admitir que este tipo de actuaciones es “responsabilidad” de la Junta, el delegado territorial ha hablado también de su “colaboración en las labores de investigación”, que en este caso le corresponden al Seprona, de la Guardia Civil. “Colaboramos con nuestros técnicos y, lógicamente, también nuestros servicios jurídicos”, ha explicado el delegado de la Junta, antes de añadir al respecto: “Estarán personados, ejerciendo la acción pública y reivindicando”.

Época de alto peligro de incendios

Preguntado sobre si, dentro de dicha colaboración con la justicia, se conoce si eran necesarios ese 22 de julio permisos de Medio Ambiente para llevar a cabo los trabajos que se estaban haciendo, Hernández ha recordado que en esos días se estaba “en época de peligro alto de incendios”. “Por lo tanto”, ha dicho, “estaban muy restringidas las actividades en el monte, publicadas en el Bocyl y eran de general conocimiento”.

 
“Lo digo simplemente como un hecho objetivo, no entro a valorar si existe o no existe culpabilidad,  dolo o negligencia. Eso corresponde a la autoridad judicial y, en ese caso, lógicamente, no tenemos que decir nada al respecto”, ha sostenido, antes de aclarar que se trataba de una actividad que “de forma presunta estaba restringida en ese momento y, por lo tanto, carecía de autorización por parte de la Junta, de manera evidente”. 

“No sé si tiene otros permisos de otra naturaleza, lo desconozco, no conozco las actuaciones en profundidad, pero sí digo que por parte de la Junta, no solamente no estaba permitida, sino que está terminantemente prohibida”, ha concluido. 

Alcaldesa de Casillas

Por su parte, la alcaldesa de Casillas y vicepresidenta segunda de la Diputación, Beatriz Díaz, ha dicho que, como ayuntamiento afectado, también están “valorando la posibilidad” de personarse en el proceso, ya que “es la obligación de la administración”.

“Lo haremos en su momento”, ha apuntado, para después aclarar que cuando en el pleno del 17 de agosto se opuso a esta cuestión propuesta por el grupo socialista, se trataba de un pleno para “hacer una declaración institucional” de reconocimiento a quienes participaron en las labores de extinción y colaboraron de alguna manera con el pueblo.

“Dije que cuando esto tomase, alguien diera el paso y la justicia lo hiciera; nosotros también lo estudiaríamos y nos pondríamos. Y ahora es el momento de hacerlo”, ha concluido Díaz.