Día Miércoles, 25 de Febrero de 2026
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados ha aprobado la Proposición no de Ley presentada por el PP para crear un sistema único de bonificaciones en los peajes de las autopistas nacionales, que incluya todas las vías de pago de Castilla y León como la AP-6, AP-51, AP-61, AP-66 y AP-71.
La iniciativa, que también reclama que los actuales descuentos de las concesionarias sean compatibles entre sí y acumulables con otras ayudas, como las que pretende impulsar la Junta de Castilla y León; solo ha contado con los votos a favor del PP y Vox, puesto que Bildu se ha abstenido y el resto de grupos, incluido el PSOE, la han rechazado.
El Partido Popular ha defendido la propuesta alegando la necesidad de garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades para los ciudadanos de Castilla y León, dado que estas autopistas constituyen los principales ejes de comunicación con Madrid y con el noroeste de España.
Durante su intervención, Palencia ha expuesto una cronología detallada sobre los peajes, recordando que la AP‑6, AP‑51 y AP‑61 deberían haber dejado de ser de pago en noviembre de 2024, tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2010. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez prorrogó la concesión hasta noviembre de 2029, en plena pandemia, y se mantiene además -según los populares- un acuerdo previo de 2010, suscrito por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que prolonga la obligación de pago hasta 2036, según aceptó la Unión Europea en 2011.
El PP ha insistido en que estas prórrogas y la falta de transparencia sobre los acuerdos con Bruselas perjudican a los usuarios de estas autopistas, ya que el Ministerio de Transportes no ha facilitado la documentación solicitada por los diputados populares. Por este motivo, la proposición también ha incluido una reprobación al ministro Óscar Puente por ocultar información relevante.
Las bonificaciones, ha defendido el popular Héctor Palencia, son esenciales para aliviar la carga económica de los usuarios habituales. Por ello, la Junta de Castilla y León decidió proponer 10 millones de euros en sus presupuestos autonómicos -que no salieron adelante- para bonificar a los conductores empadronados en la comunidad. Una medida que desde el PP prometen implantar después de los comicios autonómicos.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda para mantener el esquema actual, instando al Gobierno a proseguir con las reducciones y bonificaciones de peaje ya vigentes en las autopistas del Estado en Castilla y León. Una enmienda que se ha rechazado porque, en palabras del popular Héctor Palencia, “el gobierno presume de 57 millones de bonificaciones al año en España, pero aquí nada. Nada en Ávila, nada en Segovia y casi nada en León. La nada como política publica y aún así el PSOE nos pide que apoyemos este sistema [por la transaccional del PSOE]. Nos pide que avalemos la desigualdad y que unos paguen lo que otros no pagan. Castilla y León no es menos que nadie”.
42.000 vehículos beneficiados
Sin embargo, el diputado socialista por Ávila, Manuel Arribas, ha destacado que las bonificaciones por recurrencia ya existentes, beneficiaron en 2024 a más de 42.000 vehículos en las autopistas AP‑6, AP‑51, AP‑61 y AP‑71.
También Arribas, ha reprochado que el planteamiento del PP era “más propagandístico que eficaz” y “claramente electoralista”. En este sentido, ha recordado que si actualmente los ciudadanos siguen pagando peajes es por decisiones de gobiernos populares como el de José María Aznar y ha criticado que la Junta de Castilla y León por no haber destinado fondos para este fin en sus 37 años de gobierno hasta este momento que llegan las elecciones autonómicas.
Arribas ha subrayado que una bonificación de 10 millones de euros apenas cubriría un 5 % de los 196 millones que generan anualmente estas autopistas, por lo que tendría un impacto mínimo y carecería de fundamento jurídico sólido. Además, ha insistido en que la normativa europea obliga a aplicar descuentos sin discriminación por residencia y garantizando igualdad entre todos los usuarios.





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