Del Viernes, 13 de Febrero de 2026 al Miércoles, 18 de Febrero de 2026
Por Ávila ha acusado al equipo de Gobierno de la Diputación de “retorcer la realidad” sobre las personas pendientes de valoración de la dependencia y cifra en 725 los expedientes sin resolver en la provincia.
La diputada provincial Esther González sostiene que tanto quienes esperan una primera valoración como quienes necesitan una revisión forman parte de la misma lista de espera y “tienen los mismos derechos” a ser atendidos dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por eso ha cuestionado la explicación ofrecida por el portavoz del equipo de Gobierno y responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Sánchez Mesón, después de que en la comisión informativa se aportaran datos procedentes del Área de Familia, Dependencia y Oportunidades.
Sánchez Mesón precisó que 125 son las personas a la espera de la primera valoración y 600 para revisar su grado de dependencia. Según González, la justificación trasladada pretende “tratar de retorcer la realidad sobre las personas que están esperando algún tipo de valoración para tener acceso a las prestaciones y servicios”, y asegura que los propios datos facilitados desde el Área de Familia apuntan a que 725 personas están pendientes de resolución de sus expedientes, paso imprescindible para acceder a servicios o prestaciones económicas vinculadas a la dependencia, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y de noche o la atención residencial.
A juicio de González, el “maquillaje” de las cifras para mejorar la imagen institucional “no se sostiene”, ya que implicaría establecer diferencias entre personas en función del tipo de valoración que esperan. En palabras de la diputada, esa interpretación supondría asumir que en la provincia existen “ciudadanos de primera” y otros “de segunda”. Desde Por Ávila se insiste en que los servicios sociales no realizan esa distinción y que, por tanto, todos los casos deben computarse como parte de la lista de espera.
Bajas de trabajadores sociales
La controversia se extiende también a la gestión de los recursos humanos en los Centros de Acción Social (CEAS). Por Ávila desmiente que, como afirmó Sánchez Mesón, cuando se produce una baja de trabajadores sociales se cubra “por todos los medios”, y afirma tener constancia de que en el CEAS de Arenas de San Pedro se espera la contratación de personal desde el 1 de noviembre, mientras que en el de Cebreros no se ha cubierto una baja desde hace más de un año, que son situaciones que afectan a la capacidad de los centros para tramitar valoraciones en plazo.
En algunos casos, aseguran que hay personas que han esperado “casi un año” para obtener la valoración que les permita acceder a prestaciones del sistema de dependencia.





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