Del Miércoles, 04 de Febrero de 2026 al Jueves, 12 de Febrero de 2026
El Ministerio Fiscal solicita para un hombre una pena de 12 años de prisión por un presunto delito continuado de abuso sexual cometido, entre 2011 y 2016 contra una niña, hija de la pareja sentimental del acusado. El juicio fue suspendido en diciembre por estar el acusado en paradero desconocido.
La vista oral tendrá lugar el miércoles y jueves de la semana próxima. Iba a celebrarse inicialmente los días 3 y 4 de diciembre, pero se aplazó por no estar localizado el acusado. Según el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal, el acusado mantuvo entre 2011 y febrero de 2016 una relación de pareja con una mujer, con quien convivió en varios domicilios de la provincia de Ávila. Durante ese tiempo, también residía con ellos la hija, que en ese tiempo tuvo entre 9 y 15 años.
El fiscal describe que, valiéndose de su posición de pareja de la madre y aprovechando las facilidades que esta relación le proporcionaba para quedarse a solas con la menor, el acusado llevó a cabo diversos actos de índole sexual. Estos se producían cuando la madre se encontraba fuera del domicilio, en el salón, en la cama de la menor o incluso en el baño mientras se bañaba. "Llegando a ofrecerle, en alguna ocasión cuando la menor contaba aproximadamente 14 años de edad, dinero para mantener relaciones sexuales completas", que la niña rechazó.
Abuso de posición
La acusación particular mantiene un relato coincidente con el de la Fiscalía en cuanto a los hechos ocurridos entre 2011 y 2016 y subraya también el abuso de la posición de ascendencia del acusado sobre la menor. Añade que los actos fueron cometidos “con evidente vulneración de la indemnidad y libertad sexual de la menor”, llegando a realizar tocamientos genitales y actos sexuales con penetración.
Ambas acusaciones sostienen que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual de acuerdo con los artículos 183.1, 3 y 4 d), en relación con los artículos 74, 192.1, 2 y 3 y 106 del Código Penal.
La acusación particular solicita, además, una indemnización civil superior: 25.000 euros frente a los 10.000 euros que reclama la Fiscalía, en concepto de daños morales y perjuicios psicológicos sufridos por la víctima.
Además de los 12 años de prisión, ambas acusaciones proponen la imposición de medidas de protección para la víctima: la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la joven, de su domicilio o lugar donde se encuentre, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo adicional de cinco años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad.
También se contempla la aplicación del artículo 192.1 del Código Penal, que prevé la medida de libertad vigilada durante un periodo de ocho años una vez cumplida la condena, y la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conlleve contacto regular con menores, por un tiempo superior en cinco años al de la pena de prisión efectivamente impuesta.
Por su parte, la defensa del procesado ha mostrado su total disconformidad con los hechos relatados tanto por la fiscalía como por la acusación particular. En su escrito, niega que el acusado haya cometido los delitos que se le imputan y solicitará su libre absolución durante el juicio.





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