Durante la campaña de las elecciones autonómicas de 1995, la Junta anunció que se ubicaría allí IDP Technologies, empresa dedicada a la informática aplicada a la detección y control de vehículos. Un año después, la compañía presentó el proyecto y solicitó ayudas para invertir 2.300 millones de pesetas (casi 14 millones de euros).

Años más tarde, el expediente vinculado a esos apoyos públicos apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como una “resolución denegatoria” del procedimiento de incentivos regionales tramitado por la entonces Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León en Ávila.

El proyecto atribuido a IDP Technologies se enmarca en la historia de un área industrial, el de Vicolozano, concebido inicialmente para la llegada de la multinacional alemana Pilz, dedicada a la fabricación de discos compactos pero que quebró sin llegar a instalarse. También existió el proyecto de materiales de construcción Coinsa.

Desaparecida

Después de Pilz, IDP Technologies fue la siguiente apuesta anunciada para el enclave: una compañía vinculada a soluciones tecnológicas para detección y control de vehículos. Años más tarde, en el BOE del 19 de mayo de 2000, en un anuncio oficial de la Comunidad de Castilla y León, aparece publicada la “notificación de resolución denegatoria del expediente de incentivos regionales, AV/0098/P07, de la empresa I. D. P. Technologies, Sociedad Limitada”.

El texto explicaba que la Administración autonómica intentó notificar la resolución en el domicilio que constaba en el expediente (calle Corazón de María 43 de Madrid), “y no habiendo surtido efecto las notificaciones intentadas”, se recurrió a la publicación en el BOE como vía de notificación.

Según el BOE, “el interesado podrá comparecer en el plazo máximo de diez días” en la Gerencia Provincial de Ávila de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, para tener conocimiento completo de la resolución.

El documento también recogía las opciones de impugnación: un “recurso de reposición” ante el Ministerio de Economía y Hacienda en el plazo de un mes, o un “recurso contencioso-administrativo” ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación.