A finales de 1997 Coinsa recibió de Caja de Ávila un anticipo de 5,25 millones de euros, avalado por las subvenciones del Ministerio de Economía y la Junta, por importe de 11,68 millones de euros, que al final no se pagaron porque el proyecto no se hizo realidad. También empresas de Ávila que suministraron materiales para la nave se quedaron sin cobrar.

El proyecto quedó paralizado con las naves sin terminar y derivó en una denuncia pública del PSOE por una presunta estafa ligada a un crédito de la Caja de Ávila y a ayudas comprometidas por distintas Administraciones. La nave de 70.000 metros cuadrados se quedó a medias con las estructuras y las cubiertas.

En 2002, la empresa pública Gesturcal (Gestión Urbanística de Castilla y León SA), propietaria del polígono abulense de Vicolozano, demandó a Coinsa y a su representante, Manuel Feito Vázquez, por importe de 413.917 euros, que se encontraban en paradero desconocido. El importe era por el valor de los terrenos cedidos. Gesturcal había intentado reclamar la deuda a Caja de Ávila por considerar que, como avalista, debía abonar esa cantidad, lo que la entidad financiera rechazó alegando que no era responsable de la carga de deudas de los terrenos. Caja de Ávila intentó sin éxito la venta de la parcela.

El caso fue objeto de explicaciones formales en las Cortes de Castilla y León en 1999, cuando el consejero de Industria, José Juan Pérez-Tabernero, defendió que la Junta no había abonado la subvención al no acreditarse el cumplimiento de condiciones.

Elementos para la construcción
Según la información trasladada en sede parlamentaria, Coinsa era una empresa dedicada a la “fabricación de elementos de hormigón para la construcción”, con localización prevista en el polígono industrial de Vicolozano, en concreto, en las parcelas 70, 13 y 14. 

El proyecto consistía en “la instalación de una nueva planta industrial en Ávila” destinada a producir “elementos prefabricados para la construcción de viviendas” mediante un proceso “altamente automatizado” e “innovación tecnológica, incluyendo su montaje en obra”.

En esa misma comparecencia, el consejero detalló la estructura societaria comunicada entonces: la participación mayoritaria figuraba en Modular Builbing SA (98%) y, a su vez, su composición accionarial se vinculaba a Corporación Financiera Celtiveria SA (99,8%).

Subvenciones, créditos y condiciones
En la citada comparecencia en las Cortes, el consejero precisó que el expediente de incentivos regionales se solicitó el 21 de octubre de 1996 y se resolvió siete meses después, el 7 de mayo de 1997, con “una inversión aprobada de 1.944.552.000 pesetas” (11,6 millones de euros) y una subvención de un 25% “por importe de “486.138.000 pesetas” (2,92 millones de euros), “con el compromiso de crear 207 puestos de trabajo”.

También explicó que se exigían, entre otras, dos condiciones: alcanzar un nivel de autofinanciación del 30% (583.366.000 pesetas -3,5 millones de euros-) y ejecutar al menos el 25% de la inversión durante el primer año.

Además, habló de la existencia de subvenciones de intereses vinculadas a créditos de anticipo concertados con la Caja de Ahorros de Ávila: “subvención de intereses por importe de 45.551.130 pesetas (273.767 euros)” sobre un préstamo de 486.138.000 pesetas (2,92 millones de euros), y otra “por importe de 36.440.904 pesetas (219.000 euros)” asociada a un principal de 388.910.400 pesetas (2,3 millones de euros) en virtud del expediente complementario de “Interés Especial”.

Del naufragio del proyecto se supo al conocerse que la implantación de Coinsa estaba paralizada y el PSOE denunció una presunta estafa por valor de 875 millones de pesetas, a la que se sumó la pérdida de los 207 empleos prometidos. Según reveló esta formación política, los gestores de Coinsa desaparecieron tras cobrar al menos una parte de un crédito concedido por Caja de Ávila con el aval de las subvenciones del Ministerio de Economía y de la Junta. 

Cero pesetas
En respuesta a la denuncia del PSOE, el consejero de Industria, Comercio y Turismo defendió en el Parlamento que no existía informe positivo de cumplimiento de condiciones parciales por parte de la Gerencia Provincial de Ávila. También relató que, tras analizar la documentación, la Junta concluyó que el nivel de autofinanciación no pudo darse “por acreditada”, aunque sí se podía considerar “cumplida” la condición relativa al 25% de inversión. “Nada. Cero pesetas; es decir, nada”, afirmó el consejero al ser preguntado por posibles fondos perdidos, y añadió: “no se pierde ni una sola peseta”.

El episodio de Coinsa se añadió en una historia de expectativas industriales frustradas en Vicolozano, donde se construyó el polígono industrial en 1990. Cuando se frustró el proyecto de Coinsa, en el polígono se encontraba la factoría de quesos fundidos Luxtor (hoy Ornua), inaugurada en 1997, el concesionario de camiones Iveco y las naves sin terminar de Coinsa.

Pero hubo con anterioridad anuncios previos de implantación empresarial que no se materializaron, como el de la multinacional alemana Pilz o el de IDP Technologies.