La organización ecologista denuncia que la ubicación elegida es una de las más sensibles del espacio natural y que su desarrollo constituye una amenaza directa para el equilibrio ecológico del entorno.

En la demanda alegan que el enclave afectado se encuentra en una zona de uso limitado del parque, una de las categorías de mayor protección ambiental establecidas en la normativa autonómica, solo superada por las zonas de reserva como el Circo de Gredos. Además, este territorio forma parte de la Red Natura 2000, lo que le confiere doble protección europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).

A pesar de esta elevada protección, advierten que la Junta de Castilla y León ha autorizado la ejecución del proyecto sin exigir una evaluación de impacto ambiental (EIA), un procedimiento obligatorio en actuaciones de mucha menor envergadura ubicadas también en espacios protegidos. La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta autorizó en julio el proyecto por "interés general" para el “uso excepcional de suelo rústico”.

Para Nuria Blázquez, portavoz de Ecologistas en Acción Ávila, “esta decisión supone un grave incumplimiento de la normativa ambiental y una dejación de funciones por parte de la Administración encargada de proteger estos espacios”.

Fondos europeos

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es su intención de financiarse parcialmente con fondos europeos Next Generation, que exigen que las inversiones no perjudiquen al medio ambiente. En este sentido, el abogado ambientalista Jaime Doreste, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y representante legal en el caso, alerta de la gravedad del precedente, y considera “especialmente preocupante que se pretendan usar fondos europeos Next Generation para financiar proyectos que ponen en peligro espacios protegidos por la Unión Europea”.

Ecologistas en Acción recuerda que ha agotado todas las vías administrativas posibles antes de acudir a los tribunales. La organización presentó alegaciones técnicas y jurídicas tanto ante la Diputación de Ávila como ante la Junta, que fueran rechazadas. “En lugar de responder a los argumentos planteados, han optado por desacreditar a nuestra organización”, denuncia la entidad.

Ante lo que consideran una “infracción ambiental de gran envergadura”, Ecologistas en Acción ha decidido judicializar el caso con el objetivo de frenar un proyecto que, según sostienen, “nunca debió autorizarse”. La entidad confía en que la vía judicial permita salvaguardar la integridad del Parque Regional de Gredos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 6,2 millones de euros, casi el triple de los 2,3 previstos al inicio.