Según ha alertado el colegio, la norma está comenzando a tener consecuencias laborales y podría seguir generando perjuicios si no se modifican sus condiciones o prosperan las medidas cautelares solicitadas por 25 medios de comunicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

"Antes de que se aprobara esta ley, tanto nuestro colegio como los representantes de los medios de comunicación alertamos a los grupos políticos de las consecuencias negativas que conllevaría su aprobación si no se acometían una serie de cambios en su articulado, una petición que fue ignorada y que ahora ha provocado los primeros despidos de periodistas, lo que además de la pérdida de puestos de trabajo acarrea una disminución de la pluralidad informativa en nuestra comunidad autónoma", ha declarado el decano del colegio, Pedro Lechuga Mallo.

La ley fue aprobada con los votos a favor del PSOE, Vox, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, y el exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Desde su entrada en vigor, ha generado polémica por sus implicaciones tanto legales como en la estructura del ecosistema mediático castellano y leonés.

Advertencia del Consejo Consultivo
El dictamen emitido en su momento por el Consejo Consultivo de Castilla y León subrayó que la ley no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo que establece la normativa estatal. En ese sentido, la introducción de vetos a medios condenados mediante sentencia firme constituye, según este órgano, una posible invasión de competencias estatales que podría desembocar en la nulidad de varios preceptos.

El informe también cuestiona la limitación de que los medios no puedan recibir más del 33% de su facturación anual mediante contratos de publicidad institucional. Esta restricción, según el consejo, carece de respaldo en la legislación estatal básica, se considera un criterio arbitrario y supone un obstáculo a la libre concurrencia de los medios en las campañas públicas.

Asimismo, el Consejo Consultivo alertó de que estas medidas vulneran principios fundamentales como el de igualdad y la prohibición de discriminación, y apuntó una posible invasión de competencias exclusivas del Estado respecto a la subrogación de trabajadores vinculados a concesiones de la televisión autonómica

El Colegio de Periodistas insiste en la necesidad urgente de revisar la normativa para evitar mayores perjuicios a los profesionales de la información y a la diversidad del sistema mediático regional.

Sin enmienda

De momento, el PSOE no ha presentado la enmienda prometida cuando aprobaron en las Cortes de Castilla y León, junto a Vox, la ley que limita un 33% la publicidad institucional en los medios de la Comunidad y que ya se ha cobrado los primeros despidos.

Preguntado por el trámite de dicha enmienda en Salamanca, Daniel de la Rosa, secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, ha indicado que “se está estudiando por parte del grupo parlamentario socialista” en el Parlamento autonómico aunque ha matizado: “otra cosa es que se pueda tramitar en lo que queda de legislatura”.

De la Rosa mantiene el discurso de que la situación generada por la normativa obedece a la “mala interpretación” que la Junta hace de la normativa. “A través del desarrollo de la ley en su reglamento, podremos concretar y matizar la interpretación que se está dando por parte de la Junta a esa limitación del 33% de financiación de publicidad institucional a cargo de las administraciones para que se limite a la propia Junta de Castilla y León”, ha dicho el dirigente socialista.

Desde su punto de vista, la ley “tiene que ser justa y, si es verdad que está provocando a través de esta mala interpretación una excesiva limitación para que ninguna administración, o muy pocas, puedan financiar a muchos medios de comunicación en cada una de las provincias, se va a revisar”.

De la Rosa ha insistido en que la ley “es buena” porque “no puede ser que desde el PP se haya estado dopando durante décadas a los principales medios de comunicación de esta Comunidad sin ningún límite”.

“La intencionalidad es esa: garantizar mayor pluralidad y capacidad al resto de medios de comunicación de encontrar mayor facilidad a la hora de hacer su trabajo sin tener esa condición permanente de tener pendiente la financiación de la Junta porque es la mayoritaria”, ha declarado. “Vamos a ver cómo queda, y espero que a través del reglamento se pueda ajustar ese porcentaje y si no, se valorarán otras opciones como la modificación de la ley”, ha manifestado de la Rosa.