Se trata de una reclamación judicial registrada el lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que solicita la aplicación de medidas cautelares contra la modificación de la Ley de Publicidad Institucional aprobada el pasado verano, que ha sido recibida por el sector como una afrenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información por la pérdida de pluralismo informativo que conlleva.

La demanda conjunta ha sido ratificada por 25 sociedades editoras de otros tantos medios de comunicación, entre ellos este medio, de las nueve provincias de la Comunidad autónoma, atendiendo a que su aplicación práctica supone posibles vulneraciones de contratación pública que afectan a los medios más pequeños del sector. 

A pesar de la petición de los medios de comunicación y del propio Colegio de Periodistas de Castilla y León, PSOE y Vox decidieron desoír la propuesta de reforma pactada con el gremio y aprobaron en junio, junto a los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y el que fuera vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, la modificación sin debate con el sector.

Hace escasas semanas, el Consejo Consultivo de Castilla y León advertía en un dictamen de la posible inconstitucionalidad de cinco previsiones de su articulado. Según el dictamen, la norma colisiona claramente con la legislación estatal básica ya que introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias, e incluso invade competencias en materia laboral, lo que pone en entredicho su validez y aplicación.

Incompatibilidad con el marco estatal
El Consejo Consultivo de Castilla y León concluye que la ley autonómica no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley estatal de Publicidad y Comunicación Institucional. En este sentido, la introducción de vetos a la contratación con los medios de comunicación condenados en sentencia firme, no contemplados en la normativa estatal básica, supone una clara invasión competencial y un riesgo real de nulidad jurídica.

Además, el dictamen señala que el límite del 33% de los ingresos que un medio puede recibir por contratos de publicidad institucional en relación a su cifra de negocio anual se basa en criterios arbitrarios y provoca un trato discriminatorio y choca también con la ley de contratos con la administración pública.

Incidencia en el sector 
Los medios de comunicación de Castilla y León ya habían advertido que, de aplicarse, tendría un impacto directo en la pluralidad informativa por el recorte que puede tener en las plantillas y condiciones del sector. Además, conducirá a la desaparición de proyectos informativos provinciales e hiperlocales, donde las restricciones de publicidad llevarían a la desaparición de dichos medios y a la expansión de la 'sombra' informativa en una Comunidad que adolece la despoblación y falta de emprendimiento.

Hace escasas fechas el Gobierno de España decidía en las negociaciones abiertas, aquí sí, con la representación de los medios y de colectivos de periodistas, renunciar a la aplicación de una limitación similar a nivel estatal. 

El juego político en Castilla y León, sin embargo, ha llevado a la aprobación y a la aplicación de una ley que está teniendo en estos momentos un efecto grave en las empresas mediáticas de la Comunidad, además de una situación de inseguridad jurídica.