Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha indicado que no se ha abierto ningún procedimiento, ni siquiera una inspección sobre el fallecimiento de la artista sobre el que se está realizando un examen forense para determinar la causa: “se ha seguido el plan de seguimiento ordinario que se hace con todas las residencias con visitas periódicas”.

A raíz de la muerte, presuntamente violenta, de la cantante Encarna Polo, a menos de otro residente del centro, desde la Junta se ha indicado que “no se ha realizado ninguna acción”, señalando que “corresponde a jueces y policía la investigación”.

Sin embargo, la Junta, aunque no gestiona directamente las residencias privadas para personas mayores, cuenta con las competencias esenciales sobre su funcionamiento desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que ostenta la autoridad reguladora y supervisora, con competencias que abarcan desde la autorización inicial hasta la vigilancia continuada del cumplimiento de los derechos de las personas mayores.

Entre las funciones del Gobierno autonómico está la autorización y registro de los centros, puesto que toda residencia privada que desee operar legalmente en Castilla y León debe obtener la correspondiente autorización de la Junta e inscribirse en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carácter Social. Además, puede solicitar su acreditación para participar en el sistema de atención a la dependencia, lo que le permite ofrecer plazas concertadas o servicios vinculados a ayudas públicas.

La normativa autonómica también establece la “obligatoriedad de cumplir con una serie de requisitos técnicos y de personal”. Estos incluyen ratios mínimos de trabajadores por residente, condiciones de accesibilidad, programas de atención individualizada, seguridad, higiene, alimentación y actividades de promoción de la autonomía. El principal marco legal que regula estas condiciones es el Decreto 14/2017, de 27 de julio, sobre autorización y funcionamiento de centros de carácter social.

Uno de elementos fundamentales de la intervención autonómica es la supervisión e inspección de los centros. La Junta puede realizar visitas periódicas o extraordinarias, a instancia propia o por denuncia, para comprobar el cumplimiento normativo. En caso de infracciones, se pueden imponer sanciones que van desde multas económicas hasta la inhabilitación o cierre de la residencia.