Según el delegado, la gestión de estos procesos no responde a decisiones políticas, sino a criterios objetivos previamente consensuados con las centrales sindicales. Hernández Herrero ha insistido en que se actúa siempre con objetividad, subrayando que “existen muchos controles”, por lo que de haber algún error o irregularidad, “en ningún caso es intencionado”, por lo que se analizará de forma exhaustiva.

“Si se ha producido algún tipo  de error, que no lo creo, pero si se hubiera producido algún tipo de error o valoración distinta o llamamiento que no se ha tenido que realizar, lógicamente se analizará, como se analiza cualquier tipo de alegación en cualquier provisión de un empleo público. Actuamos con transparencia, con rigor y con ética. En ningún caso se trata de hacer prevalecer a nadie respecto a otra persona que tenga los mismos o menos méritos”, ha manifestado Hernández Herrero, tras las denuncias de los trabajadores ante una decena de contratos que, según los denunciantes, han sido renovados sin respetar el orden establecido en la bolsa. 

El delegado también ha explicado que hasta el momento no ha recibido información concreta que indique falta de objetividad en el proceso. Sin embargo, ha asegurado que cualquier denuncia, ya sea presentada en registros públicos o comunicada por otros medios, será analizada con la misma seriedad.

“La denuncia como tal no sé si ha podido llegar. Puede haber un registro en un registro público que no sea el central de la delegación territorial de la Junta y haber llegado. Repito que no es un asunto relevante para analizar si verdaderamente tiene base o no tiene base esa denuncia. De momento, nosotros respetamos lógicamente todas las opiniones y todas las observaciones que se hagan y lo analizaremos”, ha manifestado.  

El delegado ha mostrado su respeto hacia las opiniones de los trabajadores afectados y ha garantizado que, en caso de detectarse algún error, se analizará, al mismo tiempo que ha defendido “el rigor con el que trabajan los empleados públicos”.

Ampliación de los detalles 

Desde la delegación territorial han añadido posteriormente, que se usan esos contratos temporales por exceso o acumulación de tareas —que la ley permite solo en casos urgentes y si está suficientemente justificado— para que no se interrumpa la atención sanitaria mientras se crean o consolidan plazas.

Tal como han emitido mediante un comunicado de prensa, los contratos a los que se refieren los celadores perjudicados, se denominan “nombramientos por exceso o acumulación de tareas, están regulados en el apartado c), del artículo 9.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre y son el único tipo de nombramiento temporal de los actualmente vigentes que permite que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, y mientras se tramita la correspondiente consolidación en plantilla, se garantice la cobertura de la asistencia sanitaria”.

“Siendo esa futura consolidación en plantilla -añaden desde la delegación territorial- lo que justifica, mientras aquella se tramita, el mantenimiento de las autorizaciones para proceder a estos nombramientos, los correspondientes llamamientos se realizan teniendo en cuenta tanto el funcionamiento de la bolsa como los distintos pronunciamientos judiciales”, aunque aseguran que “si hay alguna incorrección en la gestión de la bolsa será corregida”. 

Por tanto, insisten desde la administración que “ha de entenderse que no hay tratamiento injusto de contrataciones, sino que desde todos los centros de Sacyl se trabaja por ofrecer la mejor prestación asistencial y siempre en función de las necesidades sanitarias, y se hace en todo momento de conformidad con las herramientas que permite la legislación vigente y que resultan más acordes con la finalidad perseguida”.