“Nos habíamos comprometido a clarificar lo del 33% para que solo sea de la Junta de Castilla y León y así lo haremos cuando nosotros consideremos pertinente”, ha dicho sobre el límite de publicidad institucional que pueden recibir los medios, cuando en realidad la ley aprobada fija el límite del 33% de toda la publicidad de Administraciones de la Comunidad. “La estrategia política la marcamos desde los partidos políticos y no la marcamos porque haya ningún tipo de presión o de amenaza; cuando surgen esas cosas suelen tener el efecto contrario, pero nos comprometimos y así lo haremos”, ha declarado tras conocer el recurso de más de 20 medios de la Comunidad.

La dirigente socialista ha expresado su “respeto” a la decisión de los 25 medios de comunicación que han presentado una reclamación judicial conjunta contra la Ley de Publicidad Institucional, al entender que contraviene “varios supuestos de inconstitucionalidad”. La reclamación recuerda que el Consejo Consultivo de Castilla y León ya advirtió en su dictamen de los posibles conflictos legales de hasta cinco artículos del texto, al colisionar con la legislación estatal básica y establecer “criterios discriminatorios en la contratación pública y limitaciones económicas arbitrarias”, además de invadir competencias laborales.

Rubio ha subrayado que el PSOE considera que la ley no puede aplicarse hasta que se apruebe su desarrollo reglamentario, un trámite que —según señaló— aún no se ha producido. “Sin eso es imposible que la puedan aplicar”, ha sostenido, sin tener en cuenta que la ley estatal lleva 20 años en vigor sin reglamento.

Además, ha acusado al Ejecutivo autonómico de utilizar la norma para “enfrentar a algunos medios con algunos partidos políticos”, una situación que, en su opinión, “no contribuye a garantizar la libertad informativa”.

La Ley de Publicidad Institucional fue aprobada el pasado julio en las Cortes de Castilla y León con los votos favorables de PSOE, Vox, Unidas Podemos (Pablo Fernández) y el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea. Los seis parlamentarios de UPL-Soria Ya se abstuvieron, mientras que PP, Por Ávila y los dos exprocuradores de Vox votaron en contra.

Acuerdo con Vox

Durante la negociación, Rubio defendió la posibilidad de alcanzar acuerdos con Vox al considerar que “no se trataba de una ley ideológica, sino de un acuerdo técnico”, aunque ahora el PSOE rechaza la autoría de la norma y atribuye a la Junta la responsabilidad de su ejecución y posterior reglamento.

Entre sus disposiciones, la norma prohíbe contratar publicidad institucional con medios que hayan sido condenados por sentencia firme dos veces en los tres últimos años o tres o más veces en los últimos cinco años por informaciones inexactas, vulneraciones del derecho al honor o delitos de odio.

El PSOE ha criticado el “argumento torticero” que, según Rubio, está utilizando la Junta de Castilla y León al aplicar la norma sin haber aprobado el reglamento que debe desarrollarla. En realidad, la Ley estatal de Publicidad y Comunicación Institucional, vigente desde 2005, nunca ha contado con desarrollo reglamentario y, sin embargo, ha sido plenamente operativa durante dos décadas.

Ataque a la libertad de prensa
Por su parte, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la norma supone “un ataque a la libertad de prensa”, al limitar la inversión en medios y condicionar la contratación a la ausencia de condenas judiciales.

Carriedo ha mostrado la “solidaridad del Gobierno autonómico con los medios locales y digitales”, que -según destacó- “sufren un perjuicio directo por la aplicación de la norma, mientras que los medios de ámbito nacional quedan exentos”.