La sentencia recoge que el acusado se valió de su condición de técnico y de la diferencia de edad para doblegar la voluntad de las víctimas.

Tras el juicio celebrado en diciembre de 2024,  en el que el fiscal pidió 54 años de cárcel, el tribunal, integrado por los magistrados Javier García Encinar, Antonio Narciso Dueñas Campo como ponente, y Laura González Pachón, declara probado que el procesado creó perfiles falsos en Instagram con identidades femeninas para contactar con los menores y forzarles a mantener conversaciones sexuales, videollamadas y posteriormente encuentros físicos bajo la amenaza de difundir las imágenes.

Según la sentencia, el condenado, de 56 años, “con la finalidad de realizar actos de carácter sexual con los referidos menores de edad, urdió una trama consistente en crear distintos perfiles en la red social de Instagram, en los que se hacía pasar por mujeres”. Bajo esa identidad ficticia, el entrenador fue generando una relación de confianza con los adolescentes y, posteriormente, les coaccionó para mantener encuentros sexuales.

El tribunal detalla que en un primer momento las víctimas accedieron a videollamadas en las que el condenado se masturbaba sin mostrar su rostro, para después exigirles prácticas físicas en vestuarios, locales de Ávila y hasta en el propio domicilio del acusado. “El menor de edad procedió a realizar una felación” al condenado, “quien logró de este modo doblegar su voluntad a causa del temor infundido”, recoge la sentencia.

Encuentros reiterados y graves secuelas
Los hechos probados establecen que los abusos se prolongaron durante casi un año, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, en múltiples ocasiones. Las prácticas sexuales incluyeron felaciones, penetraciones y exhibicionismo, tanto de manera individual con cada menor como en encuentros conjuntos en los que obligaba a ambos adolescentes a participar simultáneamente.

La resolución subraya el grave perjuicio emocional, psicológico y académico sufrido por las víctimas: “Se ha derivado un evidente y grave daño para la formación, la salud y el estado psicológico y emocional” de los dos menores.

La Audiencia Provincial impone al entrenador un total de 25 años de prisión -12 años y medio por cada víctima-, distribuidos entre los distintos delitos de agresión sexual, abusos sexuales y exhibicionismo. Además, se le condena a la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de las víctimas durante diez años más allá del cumplimiento de la pena, así como a la libertad vigilada e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular con menores durante un periodo también superior a la condena de cárcel.

El fallo establece igualmente que el condenado deberá abonar 70.000 euros de indemnización a cada una de las víctimas, cantidad de la que responderán de manera subsidiaria el club en el que entrenaba y la aseguradora Generali España SA.

En el transcurso de la vista celebrada en diciembre de 2024, el acusado reconoció “haber cometido personal y materialmente todos y cada uno de los hechos descritos o detallados en los dos escritos de acusación”, indica la sentencia, si bien la defensa trató de obtener una rebaja de la condena alegando dilaciones indebidas y confesión tardía, argumentos que fueron rechazados.

Los magistrados consideran probado que el entrenador se aprovechó de su posición en el equipo de fútbol y de la confianza depositada por los menores para someterles a un patrón de abuso continuado. El fallo insiste en que las coacciones ejercidas a través de redes sociales fueron decisivas para mantener el control sobre las víctimas, haciéndoles creer que actuaban por imposición de un tercero ficticio.

La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.