El acusado, Miguel Ángel S.P.E, ha reconocido los hechos por los que lleva en prisión provisional desde que fue detenido en diciembre de 2022, con tan solo cuatro preguntas de su abogado, respondiendo con monosílabos: “Es la tercera vez en la que usted declara y en todas ha reconocido los hechos. Esta confesión de los hechos se viene produciendo antes incluso de que la policía le detuviese, ¿verdad?”, “Sí”, ha confirmado el acusado. 

“Tal como declararon los menores en el juzgado, ¿usted los avisó de que eso tenía que interrumpirse y que iba a acudir a la policía y a sus padres para que lo supiesen?”, ha preguntado la defensa. “Sí”, ha contestado el entrenador. 

“¿Usted está dispuesto a asumir todos y cada uno de los proyectos y terapias que tendría que hacer concreta a la materia por la que va a ser condenado?”, ha interpelado el letrado. “Sí, por supuesto”, ha respondido el acusado. 

“¿Está usted arrepentido de lo que ha hecho?”, ha preguntado el abogado. “Por supuesto”, ha respondido el entrenador. 

Visto para sentencia

El juicio se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila durante menos de dos horas, y ha quedado visto para sentencia. Aunque tenía previsto prolongarse hasta el jueves, el reconocimiento de los hechos por parte del acusado ha provocado que se desestimasen las pruebas periciales y testificales que estaban previstas. También se han reducido las penas solicitadas, tanto por parte del ministerio público, que pedía hasta 54 años de cárcel, como por parte del letrado que ha representado a las dos víctimas, que quería una condena de hasta 90 años de prisión.

Tampoco han testificado las víctimas, que ahora cuentan con 16 años, tras el acuerdo alcanzado entre las partes, evitando así que tuviesen que explicar lo sucedido en la sala de vistas.

Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022, mientras el acusado entrenaba a un equipo cadete del club abulense, a la vez que trabajaba como técnico de animación comunitaria en el Ayuntamiento de Ávila y era presidente de la Asociación de Vecinos Zona Norte-El Seminario.

El autor, que ahora ha reconocido los hechos, utilizaba dos perfiles falsos en Instagram haciéndose pasar por chicas. Por uno de los perfiles mantenía conversaciones para, por el otro, amenazar y obligar a las víctimas a mantener encuentros con el entrenador. Por su parte, el acusado, se justificaba ante al menos un menor, asegurando que eran víctimas de una tercera persona que los obligaba a llevar a cabo los encuentros. 

Los encuentros se pudieron llevar a cabo por las amenazadas con difundir las conversaciones y videollamadas que realizaban a través de unos perfiles falsos de la red social. 

Penas

Por todo ello, la fiscalía, además de pedir 11 años y un día de cárcel por cada una de las víctimas, también pide 50.000 euros de indemnización para cada una de ellas, así como diez años de libertad vigilada e inhabilitación para trabajar con menores durante diez años. 

Por su parte, la acusación de las víctimas solicita 12 años y seis meses de cárcel, así como 75.000 euros de indemnización para cada uno de los menores. 

Todo ello en un juicio en el que Real Ávila y su compañía de seguros Generali, estaban personados en el juicio como responsables civiles subsidiarios, pues el acusado, en caso de ser considerado culpable y no hacer frente a las responsabilidades civiles impuestas, tendrían que ser asumidas por ambas. 

Mientras el letrado del club se ha defendido que solo dos de los múltiples encuentros sucedieron en el marco deportivo y no se tuvo conocimiento de lo sucedido hasta el momento de la detención, la aseguradora se excusa en que la póliza no cubre este tipo de delitos cometidos por los empleados de ninguna entidad.

Y así es como en apenas dos horas ha quedado visto para sentencia un juicio donde el autor confeso ha llegado detenido y escoltado por agentes de Policía Nacional, tapando su rostro con la capucha de una cazadora que no se ha quitado durante toda la vista, para evitar ser reconocido.