La decisión no ha contado con el respaldo unánime de todos los miembros del órgano de Gobierno, pero ha sido finalmente aprobada. Una medida que supone un gasto de casi 30.000 euros para las arcas provinciales, ya que la Diputación ha optado por confiar su estrategia legal a la asesoría jurídica externa Fieldfisher (Jausas Legal y Tributario SLP), con sede en Cataluña. 

El contrato, formalizado el pasado 10 de junio mediante un procedimiento negociado sin publicidad, asciende a 29.645 euros e incluye tanto la asesoría sobre la viabilidad del recurso como la interposición oficial del contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y la defensa letrada de la institución durante todo el proceso judicial.

Cronología

Se remontan a raíz de la resolución del Ministerio de Transportes cuando el pasado 27 de marzo publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que desestimaba la propuesta de conectar entre Ávila y la A-6, argumentando la inexistencia de alternativas económicamente viables y eficientes.

Tras esto, el 13 de junio la Presidencia de la Diputación emite un requerimiento previo al Ministerio de Transportes, apoyándose en el artículo 44 para impugnar la resolución ministerial. Un requerimiento que el Ministerio desestimó, lo que agotó la vía administrativa.

Por ello, este lunes, la Junta de Gobierno Provincial ha aprobado, aunque con votos en contra, recurrir a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

“Una vez que se ha desestimado en vía administrativa, en Junta de Gobierno hemos aprobado ir a la vía judicial por el contencioso-administrativo”; ha señalado el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Carlos Sánchez Mesón.