Durante el encuentro se ha analizado el balance del dispositivo desplegado la temporada anterior y se revisaron nuevas medidas preventivas orientadas a reducir cualquier tipo de incidente. Según se ha detallado, la Policía Nacional realiza un trabajo previo de valoración de riesgo para cada partido, en función del equipo visitante, el contexto deportivo y social.

El dispositivo de seguridad que se establece durante los partidos incluye a las unidades de Seguridad Ciudadana, el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), agentes de paisano de la Unidad de Información, Policía Local de Ávila y la seguridad privada contratada por el club. En partidos de especial trascendencia como los de Copa del Rey, playoffs o encuentros de alta rivalidad, se activarán refuerzos de las Unidades de Intervención Policial (UIP).

El subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, ha subrayado la importancia de mantener una temporada libre de incidentes, y ha animado a los aficionados a disfrutar de una nueva temporada, porque “el deporte debe servir precisamente para dar ejemplo en valores y educación, no para convertirse en escenario de manifestaciones de odio, comportamientos incívicos o contrarios a la convivencia”.

También ha recordado que “las sanciones que contempla la ley de violencia en el deporte parten de los 3.000 euros” y que en la temporada pasada “solo se registraron altercados en un partido de ascenso, con 11 personas denunciadas: diez de ellos locales y un visitante”. Las sanciones impuestas por la comisión antiviolencia oscilaron entre los 3.000, 4.000 y 5.000 euros” tras el partido contra el Cacereño en mayo.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, del club y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el objetivo de reforzar la prevención de altercados en los encuentros deportivos.

En la reunión para coordinar el dispositivo de seguridad han participado Rosa Sanz, gerente del Real Ávila CF; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López; el secretario territorial de la Delegación de la Junta de Castilla y León, José Luis Valverde; el inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional; un teniente de la Guardia Civil, y el subdelegado del Gobierno.